Ojalá se sepa todo lo sucedido en el caso Negreira de presuntas ayudas arbitrales al Barça y lo paguen los responsables. Pero serias dudas tenemos de que se logre con la pirueta del juez instructor, Joaquín Aguirre, de considerar “funcionario público” a Negreira para poder acusarle de cohecho. Funcionario pese a que era vicepresidente del Comité de Árbitros en la RFEF, que es una entidad privada, con el argumento de que la RFEF desempeña algunas funciones públicas. Lástima no haber avisado un mes antes, para que el CSD hubiera actuado contra Rubiales como un funcionario en vez de tener que pedir a la RFEF, a la UEFA y a la FIFA que lo echaran... No diremos que no vaya a colar, que disparates más grandes se han visto en la Justicia española, pero ya son varios los expertos en Derecho Penal que han alucinado y que les hace reír que a partir de ahora se considere funcionario público a todo empleado de toda federación deportiva.
