pamplona. El Gobierno de Barack Obama daba anoche por asumido el cierre parcial del Gobierno federal ante la falta de consenso en el Congreso sobre los presupuestos para el próximo ejercicio fiscal -que comienza hoy-, una situación que paralizaría a partir de hoy las actividades no esenciales de la Administración y provocaría que unos 800.000 funcionarios se queden en casa sin sueldo hasta que demócratas y republicanos alcancen un acuerdo. No está claro, además, que una vez que el Gobierno vuelva a funcionar, cobren los atrasos. Esto supone un duro golpe para miles de trabajadores públicos, aunque lo que preocupa realmente a Wall Street y a algunos analistas es otro debate: el del aumento del techo de la deuda, límite que se superará el próximo 17 de octubre.
La estrategia de los últimos días de los republicanos de la Cámara de Representantes, la del chantaje -su visto bueno a los presupuestos a cambio de la derogación o retraso de la entrada en vigor de la reforma sanitaria- y la negativa de los demócratas a aceptarlo, han llevado al país al borde del precipicio. El Congreso debe aprobar cada año un presupuesto para financiar las actividades del Gobierno federal durante los siguientes doce meses y esta madrugada terminaba el plazo para alcanzar un acuerdo.
La Cámara Baja, dominada por la oposición, aprobó el domingo un proyecto presupuestario que extendía los fondos de la Administración Obama hasta el 15 de diciembre, pero incluyó dos enmiendas que no aceptan los demócratas de la Cámara Alta: el retraso de un año de la aplicación de la reforma sanitaria -previsto para enero del próximo año- y la eliminación de un impuesto del 2,3% en los dispositivos médicos. El Senado rechazó ayer la propuesta republicana, devolviendo una vez más la pelota al tejado de la Cámara de Representantes.
Obama ha sido muy crítico con la postura de los republicanos, que han aprovechado la situación límite para tratar de ganar su cruzada contra la propuesta estrella del mandatario estadounidense. El presidente, por su parte, ha dejado claro que esto "no va a ocurrir". De hecho, hoy se abrirán los nuevos "mercados de seguros" a la inscripción de los ciudadanos, un punto clave en el calendario de la reforma sanitaria.
Con el ambiente político tan dividido, todo el mundo en Washington esperaba ayer un trágico desenlace. Pero, ¿qué supone esta paralización parcial? Que el Gobierno federal solo podrá hacer frente a los gastos de servicios considerados esenciales, como la sanidad pública, ayudas a la alimentación, el servicio postal, control aéreo y naval, seguridad ciudadana o pensiones. Además, la actividad de los Estados se mantendrá. Sin embargo, el 35% de los funcionarios -considerados no esenciales- se quedarán sin empleo y sueldo hasta que dure la parálisis. Asimismo, entre los organismos públicos que cerrarán están los museos, la Estatua de la Libertad y parques nacionales, además del servicio de visados y pasaportes.
Las agencias de Gobierno comenzaron hace días a seleccionar a los trabajadores que consideran esenciales. Por ejemplo, en el Pentágono, la mitad de los empleados civiles deberán quedarse en casa, así como la mayoría de quienes trabajan para organismos considerados no esenciales. Quienes no sufrirían las consecuencias de la paralización del Gobierno serían los militares, gracias a un decreto aprobado con urgencia el fin de semana en la Cámara de Representantes al que el Senado dio el visto bueno anoche.
Techo de la deuda Estados Unidos ya vivió esta situación durante la Administración Clinton, entre diciembre de 1995 y enero de 1996. La paralización duró 28 días y el acuerdo se alcanzó finalmente debido a la presión ciudadana. El coste de la suspensión de las actividades del Gobierno federal dependería de su duración. Según el Gobierno, podría suponer 1.000 millones de dólares a las arcas públicas. Obama realizó ayer un último llamamiento a los republicanos, a quienes ha pedido "no amenazar con incendiar la casa porque no logran salirse con la suya". Hasta este fin de semana, los legisladores de la oposición habían votado en el Congreso hasta 43 veces contra la reforma sanitaria, una legislación aprobada en ambas Cámaras en 2010 y que el Tribunal Supremo declaró constitucional hace un año. A pesar de ello, el ala más radical del partido, el Tea Party, no cesa en su empeño de acabar con la ley. Sin embargo, hay republicanos que temen que un actual bloqueo a los presupuestos pase una factura a la formación en las elecciones legislativas de 2014.
Para algunos analistas, lo que podría ocurrir a partir de hoy no es tan grave en comparación con lo que podría suceder si, antes del próximo 17 de octubre, demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo para aumentar el techo de la deuda, ahora en 16,7 billones. La falta de consenso llevaría al país a una suspensión de pagos. Sin embargo, no se prevé un encono tal en esta negociación.
