Trece funcionarios extranjeros del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU tienen de plazo hasta la jornada de hoy para salir de Venezuela, tras una orden, sin precedentes, del Gobierno de Maduro, que incluye la suspensión de las actividades de su oficina en Caracas, poco después de que se cumpliera el primero de los dos años de prórroga concedidos a la presencia de este equipo en el país.
Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, dijo el Ejecutivo, que revisará en 30 días “los términos de cooperación” con esta organización.
La decisión fue ampliamente rechazada por ONG, activistas y políticos de la oposición, y respaldada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo.
El canciller Yván Gil explicó que la decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Esta oficina, con sede en Ginebra y establecida en Caracas desde septiembre de 2019, había manifestado el martes en X su “profunda preocupación” por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada por la Fiscalía de su supuesta vinculación a un plan terrorista para asesinar al mandatario Nicolás Maduro, y pidió su “liberación inmediata”.
A juicio del Gobierno venezolano, la oficina ha mantenido, desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, una “postura claramente sesgada y parcializada”.
