Estella-Lizarra. Nueve años después de que dieran comienzo las obras de encauzamiento del Barranco de Unzalin, la acusación particular de Murugarren y el Ministerio Fiscal han logrado que el denominado Caso Murugarren siga su curso legal, paralizado tras el recurso que los letrados del Gobierno de Navarra interpusieran ante el Tribunal de Primera Instancia de Estella-Lizarra, un recurso de reforma contra el auto al considerar que no estaba debidamente motivada la acusación al funcionario imputado, Miguel Aullo Aldunate. Una vez que el juzgado de Estella ha desestimado el recurso del Gobierno de Navarra, los autos de la acusación particular de Murugarren y el Ministerio Fiscal siguen adelante.

Autos que recogen los trámites del art. 781 de la ley de Enjuiciamiento Civil, que acusa a la entonces alcaldesa de Murugarren Juana Martínez Soler; a su esposo, Eliseo Izcue Paternain; y al hermano de este, Hilario Izcue Paternain, así como a Jesús Carlos Ancin, responsable de la empresa Construcciones Ollobarren; y al ingeniero autor de los proyectos Martín Elizalde, junto con el mencionado funcionario del Gobierno de Navarra Miguel Aullo.

Los autos responsabilizan a la entonces alcaldesa, Juana Martínez, a su esposo y su cuñado de acordar la realización de seis obras públicas en Murugarren, que supondrían el encauzamiento de barrancos y regatas por el "procedimiento de Emergencia" con el que se obviaba la Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas, que exigía un proceso de contratación pública. La primera de las obras fue la que se aprobó el 25 de septiembre de 2003 para Unzalin en la que el concejo abonó 20.236 euros y el Gobierno de Navarra 94.788. Esta sería la primera de las obras de un total de seis que mantendrían el mismo procedimiento de emergencia, así como la misma empresa (Construcciones Ollobarren) y el mismo ingeniero (Martín Elizalde) de los sucesivos proyectos con una cantidad total de 1.050.000 euros en una localidad que apenas supera los 80 habitantes.

La responsabilidad que recogen los autos sobre el funcionario del Gobierno de Navarra Miguel Aulló viene, en este caso, por su condición de responsable del departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Aullo era el encargado de vigilar la ejecución de las obras. En este sentido, emitió las correspondientes propuestas de abono por las cuales el Gobierno de Navarra pagaba la subvención de 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, firmando documentos en los que hacía constar que "tras visitar el lugar de las obras y analizar la liquidación provisional presentada, se consideraba correcta, por lo que procedía el abono a Murugarrren", aunque según se señala en los autos Aullo "nunca visitó ni acudió a las obras".

Una de las tramas que más llama la atención según se desprende de los autos de la acusación particular y de Fiscalía es cómo los acusados lograban que una localidad como Murugarren tuviera el dinero suficiente en el momento de pedir las subvenciones del Gobierno de Navarra. La ley establece que para recibir el 70% el concejo debería tener liquidez por valor del 30% restante. Para ello y según el auto, "Carlos Ancín, como gerente de la constructora Ollobarren, hicieron sucesivas transferencias a las cuentas del concejo con el fin de que este contara con la cantidad suficiente que permitiera la subvención por parte del Gobierno de Navarra. Sumas como 39.714 más 17.820 euros en 2004, 17.223 en 2005. Cantidades que en 2006 son de 49.421 que ingresa en enero y el récord que se estableció el 15 de diciembre en 492.621. Una aportación que también recoge la acusación para el ingeniero Martín Elizalde que ingresó a las cuentas del concejo de Murugarren 3.312 euros en 2005 y 12.016 en 2006.

A la espera de que una nueva instancia establezca la fecha definitiva del juicio, la acusación particular de Murugarren pide penas por delito continuado de prevaricación para los seis acusados. Además, salvo a Hilario Izcue que quedaría exento, propone imponer la pena por Delito Continuado de Falsedad en Documento Oficial, pena que conllevaría de tres a seis años de prisión para Juana Martínez, Eliseo Izcue, Juan Carlos Ancín, Martín Elizalde y Miguel Aullo.

El Ministerio Fiscal difiere en la determinación de la responsabilidad penal y pide penas de inhabilitación para cargo público por un primer delito para: Juana Martínez, Eliseo Izcue, Hilario Izcue, Jesús Carlos Ancín y Martín Elizalde. Además, la Fiscalía por un segundo delito añade penas de dos años de prisión para Jesús Carlos Ancín y Martín Elizalde más diez meses de multa con cuota de treinta euros. Por su parte, la Fiscalía distingue un tercer delito al funcionario Miguel Aullo, para quien propone la pena de diez meses de multa diaria de 30 euros y la suspensión de cargo público durante un año. El auto del fiscal recoge también en un apartado la responsabilidad civil de los acusados por la que indemnizarán al concejo de Murugarren con la cantidad 253.035 euros por las obras pagadas por Murugarren, siendo el Gobierno de Navarra responsable de subsidiario del acusado Miguel Aullo. La Fiscalía pide también que los acusados indemnicen al Gobierno de Navarra por estas obras un total de 758.151 euros.