La sociedad pública Andacelay, creada por el Ayuntamiento en 2004, elige a la mercantil Nasipa como socio privado para formar dos sociedades mixtas (Egüés 21 I y II) con el fin de promover viviendas sociales, gestión por la que pagó. La empresa mixta seleccionó a su vez a una empresa (Nasipa) para la promoción y construcción de los pisos (Nasipa de nuevo). Sólo en “comisiones de gestión” Nasipa percibió 2,1 millones gracias a porcentajes fuera de mercado. Esta es una cronología de las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Egüés y de las irregularidades detectadas por Comptos.

julio de 2005 El Consejo de Administración de Andacelay (100% municipal y los consejeros eran los propios corporativos) acuerda en julio de 2005 crear una sociedad mixta para la promoción inmobiliaria. Al concurso, que se anunció únicamente en prensa, siendo preceptivo también el anuncio en el BON, se presentaron tres empresas constructoras. Nasipa fue la adjudicataria y se creó la sociedad Egüés 21, participada al 51% por Andacelay y al 49% restante por Nasipa SL. En el mismo pliego se le adjudicó tanto la gestión de la empresa mixta como la venta de suelo, promoción y construcción para 66 VPT en Sarriguren. Una de las cláusulas ya recogía el porcentaje de “corretaje por actuaciones comerciales y restantes (entre el 4% y 7% sobre el precio de venta), por lo que es “evidente” el “perjuicio económico para el Ayuntamiento y el beneficio extra” para Nasipa. De hecho, en Burlada, con otra sociedad mixta similar, el porcentaje que ofreció Nasipa fue del 0,25% (sin mínimos). Posteriormente, y sin que mediase concurso, Egüés 21 adjudicó a Nasipa nuevos suelos para desarrollar otras 162 viviendas como ampliación de la encomienda.

septiembre de 2006 Andacelay designó el órgano de contratación para adjudicar el proyecto y dirección de obras de 166 viviendas protegidas (48 VPO y 114 VPT). En la mesa había cinco personas pero sólo firman dos el acta de adjudicación, según la denuncia. La valoración técnica la hizo el arquitecto y apoderado de Nasipa, Ion Ander Luis de Zubiría, y se adjudicó a Laranzor SL. Nasipa y Laranzor habían tenido, además, “personal de la dirección asociado a Carolina Potau (en la mesa de contratación) a través de Niulan”. Además, la oferta de Laranzor era la menos “beneficiosa” y no hubo “constancia” de que se celebrase un concurso. Posteriormente, Egüés 21 designó a tres personas en la mesa de contratación; en un acta aparecen Carolina Potau de Andacelay, Juan Larraza de Nasipa y Alejandro Saiz de Laranzor. Se cursaron tres “invitaciones” y Nasipa (socia en Egüés 21) obtuvo la mejor puntuación, sin que “conste” que se “abstuviera” ningún miembro de la mesa de contratación. Comptos alertó en una auditoría posterior que las tres empresas tenían además relaciones mercantiles entre ellas.

abril de 2007 En la denuncia municipal se constata también cómo Nasipa modificó los valores de obra para, al parecer, eludir el pago de impuestos por valor de 130.635 euros. El Ayuntamiento aprobó así la licencia para una parcela para 66 VPT, y fijó el ICIO y las tasas sobre el presupuesto de ejecución material presentado por Nasipa que ascendía a 3,4 millones. El Gobierno foral lo advirtió, Egüés 21 envió un segundo presupuesto de 5,6 millones. Un tercer presupuesto es lo que se pagó a Nasipa SL en el contrato: 6,6 millones. Andacelay vendió otra de las parcelas a Egüés 21 por 6.719.001,49 euros para impulsar 114 VPT y 48 VPO. En esta segunda promoción el costo de cada vivienda fue un 8% más que en la promoción anterior (1.296.000 euros en total) pese a que un 30% eran de VPO en vez de VPT, osea, “más baratas”. El “pagano” de ese beneficio de Nasipa, a 8.000 euros por piso y “sin aparente justificación”, fue el Ayuntamiento. Por otro lado, se “sospecha” a partir de un informe pericial de la “falsedad” de la firma del presidente de la junta general (julio de 2007) de Egüés 21, Andía. El objetivo: “reducir la transparencia de la sociedad ante una posible ausencia Andía”, según la denuncia.

abril de 2008 Por otro lado, de un informe se desprende que Potau “seguía trabajando para Laranzor y adjudicándose proyectos como edil y persona que decidía en Andacelay y Egüés 21”. Comptos consideró a su vez en 2009 que Egüés 21 no debió adquirir directamente por compraventa una parcela municipal para viviendas, sin concurso. En noviembre de 2008 se adscribió a Andacelay una parcela para construir la Casa Consistorial con un presupuesto de 5,6 millones, así como la dirección de obra y construcción de las piscinas por 1,7 millones. Comptos cuestionó la fórmula.

diciembre de 2009 Atendiendo a Comptos se decide crear una nueva sociedad mixta para impulsar nuevas viviendas. Se publica en el portal de contratación la convocatoria para crear una nueva empresa mixta para desarrollar 138 VPO en Erripagaña mediante “procedimiento abierto”. La Junta de Contratación Pública de Navarra advirtió que las sociedades mixtas estaban sujetas a la ley de contratos públicos. Andacelay seleccionó a Nasipa para formar Egüés 21 II como “mejor oferta”. Se le encargó el proyecto y la venta de las parcelas. En abril de 2010 la sociedad mixta acordó un aumento de edificabilidad en un 19,6%, no contemplada en el pliego.

julio/octubre de 2010 Se “incumple” el pliego al cambiarse el sistema de financiación. Nasipa ya no asume el 100% de los préstamos (80% bancos y el 20% restante entre Nasipa y Andacelay). A su vez, Egüés 21-II decidió que Andacelay realizara el pliego para contratar las obras. En el consejo de Egüés 21 figuraban Andía, Potau y Clavero, y recibió tres ofertas en septiembre. La mesa de contratación (Clavero como secretaria) admitió a Nasipa y Acciona. Se desestimaron las alegaciones de FCC. El técnico municipal Alejandro Fuertes explicó, según el acta, la valoración a favor de Nasipa (61 puntos) junto al arquitecto que concurrió al concurso con Nasipa (estudio de Conrado Capilla y Pucho Vallejo) pero “no consta” que Fuertes fuera miembro de la mesa de contratación, abunda la denuncia. El 26 de octubre de 2010 otra acta de Egüés 21-II informó de la adjudicación a Nasipa, “sin hacer mención a la mesa de contratación anteriormente aprobada”. En diciembre se firmó el contrato, y un sobre coste en materiales por valor de 411.204 euros, lo que era “contrario al contrato y al pliego”.