La empresa navarra Ganados Jiménez Cambra, de Cadreita, no podrá instalar por ahora la macrogranja de 20.000 terneros que proyectaba en la localidad aragonesa de Torralba de Aragón, de apenas un centenar de habitantes, y que había encendido las alarmas por sus efectos ambientales ya que iba a ser una de las más grandes del país, solo superada por la de 23.500 vacas que se quiere ubicar en Noviercas (Soria). La inversión ascendía a 8 millones de euros y prometía la creación de 30 empleos.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha emitido una declaración de impacto negativa atendiendo al informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que no autorizaba la toma de agua que pretendía del canal de Monegros para cubrir una demanda anual de 307.000 metros cúbicos; y porque aumentaría "de forma notable" las emisiones difusas a la atmósfera por la cría de animales, la gestión del estiércol (30.000 metros cúbicos se trataría en una planta de compostaje propia y otros 43.000 se llevarían a otra planta de Teruel) y el incremento de gases de efecto invernadero por el tránsito de vehículos pesados (solo para trasladar el estiércol se necesitarían 1.350 camiones cada año).
"La explotación resulta inviable", concluye el organismo dependiente del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, que toma en consideración un informe vinculante de Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que no autoriza la toma de aguas propuesta para el suministro hídrico. La autoridad ambiental considera que la explotación "dificulta el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas" del actual Plan Hidrológico de la demarcación del Ebro.
Otro de los argumentos contra el proyecto es que aumentaría de forma notable las emisiones difusas a la atmósfera por la cría de los animales, la gestión del estiércol y el incremento de gases de infecto invernadero por el tránsito de vehículos pesados con importantes efectos medioambientales negativos.
20.000 toneladas de estiércol
Ganados Jiménez Cambra pretendía poner en marcha una granja de cebo con capacidad para 20.000 terneros estructurada en 410 corrales y cinco lazaretos de 800 metros cuadrados, una superficie que supera las 33 hectáreas, más varias naves y balsas y una depuradora.
Los animales, que según la documentación no dormirían sobre paja, comerían 180 toneladas diarias de una mezcla de cereales y forraje, mientras que la bebida y la limpieza requerirían el suministro de 307 millones de litros de agua al año, una cantidad similar a la que requiere una población de 8.000 habitantes. La demanda eléctrica iba a ascender a 282,7 Mw.h (megawatios.hora), según expone el diario Público en una información elaborada por Eduardo Bayona.
Con esa dieta de nueve kilos diarios de pienso y 42 de agua, la generación de purines iba a alcanzar los 73 millones de litros al año (200.000 diarios), un volumen cuyo impacto califican de "crítico" los técnicos del Inaga, que consideran "inviable" utilizarlos como fertilizantes.
Otro de los puntos débiles del proyecto se encontraba en la disponibilidad de agua. La CHE concluyó que "no era autorizable" la captación de esos 307 millones de litros anuales desde el Canal de Monegros por dos motivos: por una parte, por "la alta demanda (de agua) prevista", y, por otra, por tener como condición para poder instalar una granja en la zona de influencia de ese acueducto, que sufre vaciados periódicos, que esta disponga de "una capacidad de reserva de agua para seis meses de actividad", algo que en este caso no se daba.
A esa oposición se le suma la de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del propio Gobierno de Aragón, la del ayuntamiento de Torralba de Aragón y la de otros seis de la zona (Senés de Alcubierre, Robres, Tardienta, Torres de Barbués, Almuniente y Barbués), críticos con el "perjuicio del desarrollo socioeconómico" de sus pueblos que podía conllevar la construcción de la granja, cuya puesta en marcha iba a afectar a "otras actividades económicas relacionadas con el turismo rural y la hostelería", y con el "deterioro de las infraestructuras viarias" y el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero que iba causar el trasiego de camiones, según recoge Público.
Finalmente, el Inaga acabó dando validez a todos esos argumentos, ya que la resolución por la que veta la macrogranja señala como motivos, además de la carencia de agua y los riesgos de contaminación por nitratos, el hecho de que su funcionamiento "aumentaría de forma notable las emisiones difusas a la atmósfera por la cría de los animales, (y) la gestión del estiércol", a lo que añade "el incremento de gases de infecto invernadero por el tránsito de vehículos pesados con importantes efectos medioambientales negativos".
