Las críticas recibidas ayer por la EPEL Tudela Cultura una vez conocida la resolución del TAN siguen aumentando. La entidad que agrupa a los y las profesionales de la gestión cultural KUNA (Gestión Cultural Navarra – Nafarroako Kultur Kudeaketa) ha mostrado su “satisfacción” por la citada resolución por la que se anula el contrato “irregular” que realizó la EPEL Tudela Cultura durante tres meses para suplir a una técnico que estaba de baja. La concejalía de Cultura recurrió a la Universidad de Zaragoza para que le enviaran varios curriculums y de entre ellos eligió a una trabajadoras. El TAN emitió una resolución anulando ese contrato y declarándolo ilegal e irregular porque el Consistorio tudelano se había saltado el reglamento foral y los estatutos de la propia EPEL y no cumplió “con las exigencias de contratación con arreglo a los principios de mérito y capacidad".

Según señala KUNA, el Ayuntamiento de Tudela no siguió las recomendaciones que desde esta entidad de trabajadores del mundo de la cultura les dieron, recurriendo a la Universidad de Zaragoza (decisión que el propio TAN señaló en la resolución “no se sabe por qué acudió precisamente a esta institución”) y no al Servicio Navarro de Empleo. Desde KUNA manifiestan su “apoyo con las compañeras afectadas” y reiteran su disposición “a colaborar con instituciones y entidades público privadas en defensa, reconocimiento y dignificación de la profesión”. En este sentido añaden que se deberían aplicar códigos de buenas prácticas en todos los niveles de desempeño cultural, “así como valorizar la cultura como instrumento de transformación social, dignificando el rol de los y las gestoras

culturales en la sociedad, reconociendo la profesión a través de una regulación pública y privada, y haciendo de la gestión cultural una actividad sostenible”.

Dada la situación creada y la anulación del contrato que se realizó desde el Ayuntamiento de Tudela que preside Toquero y la concejalía de Merche Añón, KUNA “exige a las instituciones una reflexión profunda para que los recursos públicos se gestionen con las garantías de calidad y profesionalidad necesarias” y añaden que “consideramos imprescindible que los servicios públicos de la Cultura sean gestionados por profesionales de la gestión cultural”.