La Asamblea de Asociaciones por el derribo de Los Caídos –que agrupa a 26 plataformas que consideran que la resignificación del edificio es imposible– tiene claro que el movimiento, para tener éxito, debe apuntarse una victoria legal: acabar con el blindaje que, por ley, sigue teniendo el edificio.

Una delegación formada por Javier Ayape, Josetxo Arbizu y Joaquín Iraizoz tuvo ocasión de transmitírselo este miércoles al presidente del Parlamento, Unai Hualde, que se mostró comprensivo con las reivindicaciones del grupo y les planteó que hay margen para dar pasos en la Cámara. Por ejemplo mediante alguna sesión de trabajo o visita a la Comisión de Memoria del Parlamento donde la asamblea pueda palpar la opinión de los grupos políticos y arrancar un compromiso. Ahí las cartas quedarían encima de la mesa sobre un debate creciente en Pamplona, y en el que algunos partidos clave –como el PSN y su extensión en Madrid, el PSOE– empiezan a enseñar las posiciones.

Y no son argumentos a favor del derribo, precisamente, sino a favor de una resignificación muy complicada desde el punto de vista histórico –basta leer a expertos como Fernando Mikelarena– que no ha gustado a las asociaciones memorialistas. Por lo menos en los términos expresados en este periódico por el director general de Memoria, Martín Zabalza.

Dos actuaciones

Este miércoles, los colectivos memorialistas soliciaron la colaboración del Parlamento para eliminar el blindaje legal que impide actuar sobre el edificio tanto a nivel simbólico, pues habría que modificar la Ley Foral 33/2013, como arquitectónico, dada la protección otorgada por Príncipe de Viana. Joaquín Iráizoz explicó que trasladaron al presidente una propuesta doble.

Por un lado, catalogar Los Caídos como monumento de ideología y simbología franquista, lo cual posibilitaría su inclusión dentro del artículo 11 de la Ley Foral 33/2013, que ordena intervenir sobre lugares de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la Dictadura.

Por otro lado, instar a la retirada de la protección (grado 2-3) que la Institución Príncipe de Viana otorga a diversas partes de Los Caídos.

El portavoz de la Asamblea de Asociaciones por el derribo de Los Caídos concluyó con un agradecimiento a la disposición del presidente a “tratar el tema en sede parlamentaria, primero en el marco de una sesión de trabajo y, dado el caso, a través de alguna jornada o conferencia especializada”.

Sesión de trabajo

Unai Hualde, por su parte, se comprometió a entregar a los grupos parlamentarios la documentación y ofreció la posibilidad de participar en una sesión de trabajo de la Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera para, de ese modo, poder exponer directamente sus propuestas a los grupos parlamentarios.

El presidente abogó por que “la solución resultante sea producto del trabajo conjunto con las asociaciones memorialistas y, a su vez, fruto del máximo consenso social y político, a poder ser en esta legislatura”.

Dos propuestas

Armazón legal y valor patrimonial. La Asamblea, que aúna a 26 plataformas contra la resignificación, plantea dos actuaciones. Que el Monumento sea catalogado como sitio franquista y, por tanto, permita actuar según la ley de memoria. Además, que Príncipe de Viana retire la catalogación de algunas partes del Monumento como especialmente protegidas.