Mujeres solas con menores a su cargo o también llamadas familias monomarentales, en situación social y económica vulnerable, representan uno de los perfiles tipo de las personas demandantes de vivienda de emergencia social en Pamplona, y de hecho, el 60% de la totalidad de solicitudes de vivienda de emergencia municipal provenían de este colectivo.

Los datos fueron dados a conocer ayer en la Comisión de Asuntos Ciudadanos por la concejala Eva Aranguren (EH Bildu) en la declaración presentada por este grupo para que el Ayuntamiento actúe de urgencia y convoque con la mayor brevedad un monográfico de Vivienda, un foro con la presencia de técnicos del área de Servicios Sociales en el que se aborden las necesidades de la ciudadanía, agudizadas por la pandemia y la crisis sanitaria. Los datos están ahí. Mientras que en abril de 2019, el número de demandantes de vivienda municipal en lista de espera era en Pamplona de 246 personas, un año y medio después, en octubre de 2020, la lista de espera ascendía a 347 demandantes.

Y lo que es más serio, la inmensa mayoría de unidades familiares sin recursos o con ingresos precarios que demandan una vivienda municipal tiene menores a su cargo, y tras la pandemia las cifras van a peor. Así, en 2019, el 70% de las demandas fueron, además, familias con menores a su cargo (119 de un total de 170), cuando en 2020 este porcentaje subió al 73% (80 de un total de 109 solicitudes). Aranguren explicó que con estos datos, Pamplona tiene que actuar ya. “Hablamos de familias monomarentales, madres que se ven afectadas, además, por la brecha salarial y de género que lamina a las mujeres”. Por eso hay que buscar una solución “rápida, eficaz y específica”, dijo la concejala.

La declaración fue aprobada por unanimidad en el punto 1 y 5, relativos a la convocatoria del monográfico sobre vivienda y a que en el mismo participen técnicos de Acción Social que den a conocer los datos de las unidades de barrio así como de los programas de intervención social y familiar. Con el voto de EH Bildu, el PSN y Geroa Bai se aprobaron los puntos 2 y 3 relativos al impulso a fórmulas de acceso como contratos de alquiler dobles y viviendas compartidas para familias monomarentales, así como valorar la revisión del baremo de acceso de la Ordenanza de Emergencia Habitacional, a fin de que se atienda mejor la demanda de mujeres solas con menores a su cargo.

La concejala delegada de Acción Social, María Caballero, reconoció que “existe una inquietud en Pamplona para atender las necesidades de vivienda”, y anunció que para finales de 2021 se quieren incluir otra veintena de “viviendas más rehabilitadas” en el parque municipal. Caballero discrepó con la fórmula de alquiler compartido porque “genera problemas de convivencia” y señaló que si se modifica el baremo “se penaliza” a otro tipo de perfil. Maite Esporrín (PSN) citó que además de los demandantes de vivienda social, hay una demanda de “emergencia habitacional”, esas más de 300 personas en este momento, que requieren “una solución más urgente”.

Coincidió con ella Patxi Leuza (Geroa Bai). Recordó que en este momento “el problema de la vivienda es muy grave”, y opinó que hay muchas tipologías de nuevos demandantes, unidos a la pobreza extrema, como inmigrantes, menores que llegan a 18 años, personas que sufren desahucios... “que hay que afrontar” y “lo más importante es que se haga un diagnóstico de la situación”.

3.571

La lista de personas esperando comprar una VPO es de 3.571 en Pamplona, según datos de la concejala Esporrín.

8.782

Se calcula que hay 8.782 personas esperando una vivienda de alquiler social en la ciudad (alquiler en función de renta o alquiler joven, por ejemplo).

La edil Eva Aranguren detalló que en 2020, de 109 solicitudes valoradas solo se formalizaron 27 contratos de vivienda de emergencia social y en 2019, 36 contratos de 170 peticiones.