La polémica suscitada en el Ayuntamiento de Pamplona por los contratos con el despacho del hermano de María Caballero, concejala y teniente de alcalde, se prepara para un nuevo episodio.
El grupo municipal de EH Bildu presentará en la Comisión de Presidencia del próximo martes una iniciativa para denunciar al equipo de Gobierno "por incumplir la instrucción sobre contratación municipal vigente en el Ayuntamiento y exigir que se "depuren las responsabilidades que de ello pudieran derivarse".
La iniciativa de Bildu hace alusión a la existencia de tres contratos, que en conjunto suman 11.000 euros, que el Ayuntamiento adjudicó al bufete Alcán, del que es socio Javier Caballero, hermano de la edil de Navarra Suma.
Según Bildu, los contratos vulneran la instrucción de contratación pública estratégica y socialmente responsable aprobada por la Junta de Gobierno en 2019, que sigue en vigor.
La formación abertzale señala que los tres contratos con Alcán se adjudicaron "a dedo", sin pedir ofertas a más despachos de abogacía, y sin ningún informe que lo justifique, siendo cada uno de ellos de precio superior a los 3.000 euros, infringiendo así las normas de contratación por el Ayuntamiento.
Recuerda que "para los contratos de menor cuantía, cuando la prestación tenga un precio superior 3.000 euros, la unidad gestora antes de aprobar la contratación solicitará al menos tres ofertas salvo que justifique la urgencia del contrato, o por motivos técnicos, artísticos o relacionados con la protección de derechos exclusivos el contrato solo puede ser ejecutado por la persona contratista".
Bildu entiende que esto no ha ocurrido y que en el expediente administrativo, además de la reserva del crédito, deberá quedar constancia de la petición de ofertas y de las ofertas recibidas, y se justificará, al menos, la necesidad del contrato, así como las razones por las que se ha considerado conveniente adjudicar el contrato a la oferta seleccionada".
No es la única derivada que permanece abierta en este caso. El Ayuntamiento no ha aclarado todavía quién dio la orden de emitir una nota oficial incluyendo falsedades. Fue el 2 de marzo, pocos minutos después de que el portavoz de EH Bildu Joseba Asiron compareciera en rueda de prensa para desvelar la existencia de los contratos con Alcán.
El Ayuntamiento de Pamplona anunció ese día que iba a estudiar emprender acciones penales por un posible delito de injurias por las acusaciones vertidas. En su defensa, el equipo de Gobierno aseguró en la nota que "encargó la defensa de los intereses municipales a un abogado concreto -Alberto Andérez González- que no guarda ningún vínculo familiar con ningún concejal".
Los documentos aportados por EH Bildu demuestran que la factura se giró al despacho Alcán, del que forma parte en calidad de socio el abogado al que hace alusión el Ayuntamiento.
El asunto fue tratado en la Comisión de Presidencia del pasado martes, sin que el equipo de Gobierno diera explicaciones.
