El Ayuntamiento de Lekunberri, a través de una resolución de la alcaldía y de una pregunta escrita presentada por el senador Koldo Martínez, de Geroa Bai, en la Cámara Alta, requiere al SAREB una solución para el edificio de Iturriburu. Se trata de 36 pisos de entre 50 y 100 metros cuadrados destinados en su día a ser calificados como viviendas protegidas y que desde 2014 se encuentran en estado de abandono por la quiebra de la empresa promotora. “Hasta la fecha, se han presentado diferentes ofertas de compra que el SAREB no ha aceptado”, asegura el alcalde, Gorka Azpiroz, de Lekunberriko Taldea.

Al respecto, recuerda que desde comienzos de esta legislatura el Ayuntamiento ha trabajado en diferentes campos y fases para buscar y dar una solución a este edificio, construido sobre las antiguas escuelas. “Tras el trabajo que se está realizando, se toman acciones a nivel jurídico y político para de una vez por todas, dar respuesta a un clamor popular”, destaca.

En una primera fase se trabajó por conocer la situación jurídica y de propiedad del edificio, “Tras múltiples consultas supimos que se encontraba en una situación de limbo jurídico tras la quiebra del promotor Patesa y su calificación de estado de ejecución hipotecaria por parte del destinatario de sus derechos, el SAREB, es decir, el banco malo”, observa el alcalde. En una segunda fase, con la colaboración de empresas privadas interesadas en darle una salida y el apoyo de Nasuvinsa, se trabajó por determinar la cuantía de los daños y el presupuesto de reparación para su restitución. Ascendía a más de un millón de euros.

Ofertas de compra al SAREB

Después de una sucesión de contactos a diferentes niveles con el SAREB, en la tercera fase se presentaron diferentes ofertas de compra por la parte privada y la pública. “Hasta la fecha no ha aceptado ninguna, ni tampoco da solución a los problemas de mantenimiento y reparación de estructura, y mucho menos de rehabilitación del edificio y puesta en el mercado de los 36 pisos”, observa Azpiroz.

Lo cierto es que el Ayuntamiento ha actuado en tareas de prevención de riesgos y mantenimiento además de realizar junto con Nasuvinsa estudios de mercado y detección de demanda de vivienda en la población. “La apuesta por el fomento de la vivienda libre y protegida es fundamental para frenar la despoblación rural y posibilitar nuevas oportunidades cuando hay una demanda de la juventud y otros colectivos vulnerables de vivienda protegida”, incide Azpiroz.

La urbanización consta de dos edificios. Uno de estos cuenta con 36 viviendas sin finalizar y en otro hay 28 viviendas, 14 de VPO y las otras 14 de VPT, con varios pisos deshabitados. Entre otros problemas, se ha producido desprendimientos en las fachadas que llevaron al Ayuntamiento a colocar un cierre de seguridad en todo el perímetro. “Es inconcebible que una localidad galardonada recientemente como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo no se pueda arreglar un edificio situado en su entrada y que afea el paisaje y pone en riesgo a su población”, destaca el alcalde, al tiempo que recuerda su propiedad adeuda a las arcas municipales cerca de 100.000 euros