l año 2012 trajo una crisis económica y un Gobierno del PP, en España, liderado por el señor Mariano Rajoy. En aquel entonces, con la excusa de que la crisis económica ponía en peligro la sostenibilidad del sistema sanitario y que, claro, aquí no había para todos€ instauró de golpe y porrazo, con el Real Decreto Ley 16/2012, el copago farmacéutico.

Una medida que jamás antes ningún español de a pie hubiéramos imaginado. Los pilares de nuestro sistema de salud público y universal comenzaban a temblar y a resquebrajarse. ¡Y se vio€ lo nunca visto! Los pacientes jubilados con pensiones contributivas comenzarían a pagar una parte de sus medicinas.

El copago farmacéutico, impuesto por el PP, cargó sobre los más vulnerables y sobre las familias con menos ingresos gastos sanitarios públicos, sin importarle nada si estas familias o personas podían costear sus tratamientos indefinidos, tan necesarios para patologías crónicas como el infarto de miocardio, el ictus, la diabetes o la hipertensión. Es lo que en medicina se denomina como adherencia terapéutica, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema sanitario en la actualidad.

Muchos pacientes, desde entonces, han precisado de atención sanitaria en urgencias y de ingresos hospitalarios por agravamiento de sus patologías de base. ¿Por qué? Porque simplemente no se tomaban sus medicinas, y ¿por qué?, porque llana y sencillamente no podían pagarlas. Como siempre, las rentas más bajas, los estratos de la sociedad con menos recursos perdían su acceso a la sanidad pública. Otra vez, los más vulnerables eran excluidos del sistema.

Las soluciones que se vendieron en aquella legislatura a bombo y platillo como las más efectivas y fruto de una gestión brillante y racional fueron, a fin de cuentas, los recortes, y en este caso en uno de los bienes más preciados para las personas: la salud.

¿Recortar el acceso a la sanidad pública asegura la sostenibilidad del sistema sanitario? Pues no señoras y señores. Incrementa el número de ingresos, las complicaciones y los fallecimientos. ¿Eso es ahorro a las arcas públicas? El mejor estado de salud y no de enfermedad de la población es la mayor inversión que un país puede realizar por sus ciudadanos.

Después de ocho años de una medida que nunca debió tomarse, el 1 de enero del 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez revierte un derecho vulnerado y pisoteado por el Gobierno del PP.

Inmersos en la mayor pandemia de los últimos cien años, inmersos en una triple crisis sanitaria, económica y social, hay otras formas de gestionar y de hacer política pensando en los más vulnerables, y sobre todo pensando en los niños y niñas pertenecientes a familias en riesgo de exclusión, en las personas con discapacidad... Asegurando la universalidad y la equidad de la sanidad.

Con el fin del copago sanitario, y de manera progresiva, más de 200.000 navarros y navarras tendrán asegurados sus medicamentos. A partir del 1 de enero se salvaguardarán más vidas.

Con el fin del copago se ayuda a la adherencia terapéutica y se combate la pobreza infantil, dos de los grandes retos de nuestra sociedad y objetivos prioritarios de este gobierno.

Un Sistema Público de Salud del que debemos estar orgullosos, y que en la actualidad está poniendo todo su esfuerzo en atajar la mayor pandemia de los últimos cien años. Defendemos un sistema que nunca debió sufrir recortes y unos ciudadanos y ciudadanas que nunca debieron perder derechos. Es nuestra obligación moral y ética como sociedad, gestores y políticos cuidarlo como nuestro bien más preciado.

La autora es portavoz de Salud del PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra