El extraordinario y generalizado incremento de los precios de bienes y servicios, principalmente debido a la crisis derivada de la pandemia agravada por la falta de suministros de algunos materiales estratégicos a nivel mundial y también por la guerra de Ucrania y sus múltiples consecuencias, está teniendo graves repercusiones en todos los ámbitos. Como significativa referencia, el demoledor dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de julio dado a conocer ayer por el INE en el que se revela una inflación desbocada (10,8% en el Estado, 11,4% en Navarra, su nivel más alto desde hace 38 años) es indicativo de que se está produciendo un encarecimiento general con un preocupante efecto dominó. Ello repercute de manera negativa tanto en hogares como en las empresas y, por tanto, en la generación de actividad. Uno de los efectos del desajuste en la cadena de suministros y de la propia inflación es un desorbitado incremento de materiales de construcción que está mermando seriamente la capacidad de las empresas del sector para asumir sus compromisos. Ya hay empresas que han renunciado a la ejecución de obras encargadas por entidades públicas ante el excesivo alza en los costes, lo que supone una preocupante muestra de la situación. También el que, además de estas renuncias, numerosas obras públicas hayan quedado desiertas. Es obligado hallar una solución satisfactoria para todas las partes ante una situación que se prevé coyuntural –aunque sin una perspectiva clara para su final– pero que precisa de salidas viables y que no afecten al bien público, ineludible destinatario de los proyectos públicos. Las empresas necesitan actuar con márgenes suficientes para garantizar tanto la ejecución de las obras como la calidad de las mismas y el empleo en buenas condiciones, aunque no pueden esperar una transposición directa del IPC al precio fijado, que alimentaría aún más la espiral inflacionista. Por su parte, las administraciones están obligadas a velar por el interés general, lo que incluye una gestión racional y eficaz de los fondos públicos, lo que no significa que el precio de las adjudicaciones sea el único factor a tener en cuenta. Un difícil equilibrio que, sin embargo es necesario abordar ante una situación casi límite.