Resulta obsceno escuchar por boca de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que el Gobierno quiere dividir a la sociedad entre ricos y pobres. Como si desde su cargo de jefe de los empresarios defendiera a capa y espada un incremento de salarios a los que menos ganan, o como si ignorara que miles de familias subsisten gracias al ingreso mínimo o a la ayuda de organizaciones religiosas y sociales. Las diferencias entre ricos y pobres no son de ahora (aunque en este siglo haya crecido la brecha) y han enmarcado movimientos que provocaron cambios históricos o intentos de llevarlos a cabo aunque al final no alcanzaran el éxito. El poder económico acaba, tarde o temprano, marcando las directrices, poniendo y quitando gobiernos, favoreciendo a los suyos, con el objetivo de ir amasando más capital. ¿A costa de quién..? Garamendi sigue las pautas más recientes encaminadas a forzar un cambio de Gobierno en el Estado para el que no ahorra críticas: supongo que va en su sueldo. Un salario que, por cierto, se puso él mismo nada más desembarcar en el cargo y sumando un montante total de ingresos que puede llegar a superar el medio millón de euros anuales, según publicó El Economista.

Garamendi argumentó cuando se difundió la información que “se trata de una retribución humilde en un ámbito de alto nivel”. En los círculos empresariales, sin embargo, llamó la atención la envergadura del salario en una persona que encadenó fracasos en todos sus proyectos y al que jamás se le conoció profesión concreta. Garamendi sumaba a sus honorarios en CEOE, de 300.000 euros anuales y 50.000 de complementos, la pertenencia a varios consejos de administración. Hombre, sin que tuviera que intervenir la mano maliciosa del Gobierno, Garamendi se situó más cerca de los ricos y más lejos de los pobres.

Datos de 2021 destacan que en España había 246.500 titulares de grandes fortunas, un 4,4% más que el año anterior; mientras que en 2021, el 21,7% de la población estaba en riesgo de pobreza. Esa es la radiografía antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera la subida de las bases máximas de cotización del 8,6% en 2023, sin pacto previo con los empresarios y provocara el enfado de Garamendi. Habrá “complicaciones” avisó. Seguro, pero la factura la pagarán los mismos.