Nada nuevo ni extraño. Feijóo recula a última hora cuando el acuerdo para reformar el Consejo del Poder Judicial estaba cerrado con el PSOE –el Congreso es un segundo plato en el cambalache de cambio de cargos–, y alega como excusa el impulso del Gobierno a la reforma del delito de sedición en el Código Penal. Primero, la tipificación española del delito de sedición es otra de esas excepciones que arrastra la democracia española desde la dictadura franquista ajena al entramado jurídico y penal de las democracias europeas. Segundo, de nuevo aparece en el horizonte de la inestabilidad política del Estado, el conflicto político en Catalunya. Mantener esa inestabilidad es una necesidad en el discurso de confrontación del PP. Avanzar en soluciones democráticas pactadas con Catalunya es para el PP y la poderosa derecha mediática y judicial española una línea roja. Y tercero, la reforma del delito de sedición es solo una excusa. Bastaba con leer las posiciones y el griterío desatado en la caverna política, judicial y mediática madrileña que intenta gobernar el Estado por encima de las urnas democráticas para saber que el acuerdo alcanzado para renovar el Poder Judicial no iba a ser realidad. Ayuso lleva varios días exigiendo a Feijóo que rompiera ese acuerdo y es lo que ha pasado. No sé si son ciertos los últimos sondeos que dan por terminado el denominado efecto Feijóo para el PP, pero lo que sí ha demostrado en estos meses de liderazgo es que no está a la altura mínima. En realidad, está en la misma situación que su antecesor Casado, atrapado en un barullo político como punta de lanza de la estrategia de acoso y derribo al Gobierno de Sánchez y de la actual mayoría política que controla el Congreso que dirigen otros poderes políticos, económicos y mediáticos muy por encima de él. A Feijóo le han hecho un Casado. Y le obligan a decir que él solo negociará con el PSOE que ellos digan que tienen que elegir los militantes socialistas. Acojonante la humillación antidemocrática. Otra marioneta que navega por la escena política al compás de los hilos que le manejan desde bambalinas un grupúsculo de empresarios, periodistas y políticos reaccionarios. Esto es, los que dirigen desde la sombra el PP seguirán vulnerando la legalidad constitucional hasta que no vuelvan al poder. Se les puede aplicar el delito de sedición sin reformar o el de golpe de Estado. Romper el acuerdo para renovar el Poder Judicial es insistir en incumplir el mandato constitucional que exige su renovación cada cinco años. Y ya lleva cuatro años el PP incumpliendo esa obligación legal y democrática. No vale engañarse, el PP también sabe que cambiar el Poder Judicial le deja sin el control de ese órgano y del Supremo y Constitucional, cuando aún le quedan importantes juicios por corrupción por delante. Y sabe que necesita de jueces afines en esos altos puestos para que las responsabilidades penales de sus tropelías políticas y de sus beneficiados secuaces sean las menos o simplemente ninguna. Un ejemplo más de la perversión a la que someten los principios constitucionales aquellos a los que se les llena de babas la boca autodenominándose constitucionalistas. Son constitucionalistas de pacotilla que han asaltado, pervertido y vaciado de la Constitución de buena parte de sus valores sociales, principios democráticos y derechos fundamentales.