Pedro Sánchez afronta, más allá de no haber sido arrollado por la derecha española, la obligación de estructurar una opción de gobierno que precisa la implicación de las fuerzas soberanistas vascas y catalanas. Su discurso de preservar y profundizar en una agenda social progresista puede haber sido suficiente para parar el golpe de la involución que exhibían como virtud tanto PP como Vox. Pero la investidura y una posterior gobernabilidad requieren de un compromiso estable con partidos que no se la van a regalar sólo a cambio de impedir el mal mayor de un gobierno Feijóo-Abascal. Únicamente Otegi ha dado públicamente el paso de garantizar que los seis votos de EH Bildu serán para evitar un ejecutivo entre PP y Vox “sin especular”.

Un posicionamiento que facilita el trabajo al PSOE, sin que ello signifique en absoluto que vaya a tratarse de un apoyo gratuito. Como tampoco lo va a ser el del resto de fuerzas determinantes para una hipotética investidura que Sánchez se tendrá que trabajar y que convendría que empezara a hacerlo pronto. El mayor error del presidente en funciones sería creer el discurso de la derecha española de que todo su futuro está en manos del criterio de Puigdemont y de JxCat. La necesaria abstención de los catalanes no tendrá ninguna utilidad si antes no se asegura el voto positivo de PNV, ERC y BNG. Todos ellos han puesto claramente sobre la mesa las condiciones de su respaldo.

Los jeltzales demandarán un acuerdo firmado sobre transferencias, políticas económicas y garantías para la integridad del autogobierno y, esta vez no van a conformarse solo con la mera palabra de Sánchez, que se ha revelado insuficiente.

En la misma línea se han manifestado catalanes y gallegos, con peticiones concretas en la línea del PNV, como la transferencia de cercanías ferroviarias, o la suficiencia fiscal de los primeros y la reactivación de la mesa de diálogo territorial. Sánchez debe evitar deslumbrarse por un resultado engañoso y entender que solo gobernará con una agenda territorial pragmática, que consolide el modelo descentralizado desde el reconocimiento de la diversidad. Una agenda que encare la realidad plurinacional sin demérito de ninguna autonomía ni agenda social pero sin olvido de la identidad plenamente constitucional de las nacionalidades históricas que señala el texto de 1977.