Han fallecido dos personas en dos días a causa de accidentes laborales. No volver a casa por un accidente de trabajo es un precio a pagar que todos deberíamos considerar como inasumible en una sociedad avanzada y civilizada. No puede ser, no debería ocurrir, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para minimizar los posibles errores que se cometan, bien por parte de los trabajadores bien por parte de las empresas. En determinadas ocupaciones, el riesgo siempre va a estar ahí, así que no queda más remedio que seguir invirtiendo en prevención, formación, legislación y, por supuesto, en seguir insistiendo en que cualquier paso a dar en materia de trabajo tiene que ser un paso seguro y en el que no haya lugar a la equivocación, que no haya movimientos que permitan que las desgracias sigan sucediéndose.
Navarra, al ser una de las comunidades más industrializadas de España –la industria y la construcción sufren más accidentes de trabajo en general que el sector servicios–, presenta unas tasas de siniestralidad altas a nivel nacional y pareciera que tras el fuerte impulso mediático y la concienciación que hubo a finales de los 90 y principios de siglo se haya vuelto –hace años ya– a una cierta no sé si despreocupación pero sí quizá menor atención a este respecto. Es como si hubiese dejado de estar en la agenda de los políticos, ya sea de los que han ido ostentando el poder o de los que estaban en la oposición, como si a fin de cuentas haya un número equis de siniestros anuales que son intrínsecos a la actividad y que bajar de ahí sea prácticamente una quimera. No debiera ser así, debiera estar siempre en la primera hoja de la agenda que los más de 300.000 trabajadores y trabajadoras navarras desempeñen su labor en unas condiciones óptimas de seguridad y dentro de una sociedad que no vea morir en el trabajo como una desgracia sino como algo inaceptable.
