El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que en su origen se denominó como el día de la mujer trabajadora, cuya finalidad era reclamar la igualdad laboral y que ha pasado a ser una jornada para reivindicar la plena igualdad de la mujer en todos los aspectos.

Precisamente el día anterior, el Parlamento aprobará los presupuestos generales de Navarra para 2024, que son una de las herramientas esenciales para combatir y solucionar distintas desigualdades, también las laborales.

Si mencionamos el término explotación, es fácil que el imaginario nos sugiera un local insalubre, a menudo en un país asiático, donde personas, generalmente mujeres, trabajan hacinadas en condiciones muy precarias, cuando no de semiesclavitud.

Pero hay ocasiones donde la explotación laboral, definida como un pago inferior al trabajo que se realiza, no resulta tan impactante al no acercarse a unos niveles de precariedad como los referidos, pero que sin embargo es llamativa por producirse en un ámbito en el que se suele dar por sentado que no existe y que debería ser una referencia en materia de igualdad y no un ejemplo de lo contrario. 

Me estoy refiriendo a la Administración Foral, concretamente a las centralitas de los tres hospitales de la red pública donde las personas (mayormente mujeres), pese a realizar exactamente el mismo trabajo, cobran distintos salarios por pertenecer a dos niveles de encuadramiento diferentes.

Así, las personas del colectivo Telefonista, víctimas de esta explotación laboral, deben soportar cada hora de su jornada, día tras día y noche tras noche, la vejación laboral y la humillación moral que supone un salario inferior por realizar idéntico trabajo, así como compensaciones distintas que otras trabajadoras de las mismas centralitas por trabajar en festivos o en noches.

La responsabilidad directa de esta discriminación recae en la Consejería de Función Pública, en manos del PSN, y con la complicidad de Geroa Bai y de Contigo Navarra (y anteriormente de Podemos), que, perfectamente conocedores de esta situación que dura ya varios lustros, prefieren seguir manteniéndola.

Una situación que además de los efectos pasados y presentes en las nóminas mensuales de estas trabajadoras tendrá también una repercusión definitiva para el futuro, porque su pensión será menor que la de sus compañeras. Tan solo porque a la titular de la consejería y a esas formaciones políticas les place que así sea.

De nada sirve que exista una Directiva Europea sobre trabajos de igual valor. Tampoco las recomendaciones de distintos defensores del pueblo de Navarra respecto a esta desigualdad y a quienes se engañó desde el gobierno contestando, a uno, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impedía cualquier aumento retributivo, y a otro diciendo que este asunto se abordaría cuando fuera legalmente posible. Estas respuestas se demostraron falsas cuando en marzo del pasado año incrementaron el salario de los facultativos en 400 euros mensuales. Esto, dicho sea de paso, rebaja al Defensor del Pueblo a un papel meramente decorativo y constituye un verdadero aval a las palabras de un exdiputado navarro del Partido Popular, cuando dijo públicamente que esta institución no sirve más que para generar gasto.

Esta fórmula de cuadrar cuentas a costa de colectivos pequeños, y por tanto más indefensos, con escasa repercusión en clave electoral y reducida capacidad de respuesta en términos de conflictividad, impensable desde luego con colectivos de mayor caché como pudieran ser los de médicos o de enfermeras, no es novedosa. En realidad es tan antigua como la propia Administración. Lo destacable por tanto es que la sigan utilizando quienes se denominan progresistas, los que hacen alusión en su acuerdo programático a “avanzar en las mejoras de las condiciones laborales” y “ahondar en la reducción de las desigualdades socio-económicas”, y los mismos que, haciendo gala de una doble moral, exigen a las empresas privadas una igualdad salarial que ellos no imponen donde sí pueden, en su propia Administración.

Pero si algo hay en este asunto que no se presta a discusión es que cuando hay dos personas que realizan un mismo trabajo y reciben salarios diferentes, o a una se le está pagando de más o a la otra se le está pagando de menos. No hay otra posibilidad. Por consiguiente, en uno de los dos supuestos la Administración lo está haciendo mal, y aunque su obligación inexcusable sea corregirlo, no lo hace.

Pero además, en ambos casos se produce la misma consecuencia: el daño moral que sufre la persona que recibe la menor retribución. Y cuando ese daño moral y psicológico se prolonga durante más de quince años, como es el caso, cabe hablar ya de ensañamiento; un perjuicio que aunque probablemente no se pueda reparar, lo propio hubiera sido no prorrogarlo ni un minuto más, que es lo que deberían haber hecho sus progresistas señorías a través de los presupuestos, pero que un año más han preferido no hacer. Y es que el clasismo y la igualdad no resultan compatibles.

*La autora es secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Navarra