El nuevo equipo de gobierno municipal lo mismo se enfrenta a nuevos retos para avanzar en una ciudad de progreso que debe asumir medidas impopulares ante la inacción de anteriores gobiernos. La más grave sin duda es la no actualización de los valores catastrales, asignatura que lleva pendiente en Pamplona desde 1998 y que es obligatoria desde 2006, cuando el propio Gobierno regionalista estableció su obligatoriedad.

La cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) –antigua contribución– subirá el próximo año en una estimación técnica aproximada de un 30%. El Ayuntamiento desde luego puede jugar y lo hará con los tipos impositivos u otras medidas correctivas para evitar una subida galopante del recibo del IBI y que esos valores de mercado (sin olvidar que el valor administrativo o tributario es más objetivo que el del contexto económico como ocurrió con la burbuja inmobiliaria) impacten en el recibo de manera escalonada.

Una puesta al día que afectará principalmente a las viviendas más antiguas y que también afecta al impuesto de bienes inmuebles o la plusvalía. Que UPN haya metido en el cajón el informe técnico de Tracasa ha provocado unas pérdidas aproximadas de 30 millones a la arcas municipales para una entidad que maneja un presupuesto de unos 267 millones (el peso de la contribución territorial supone unos 30 millones anuales), que tiene la obligación de autofinanciarse y no depender de otras administraciones, en este caso del Gobierno foral que ya aporta más de 90 millones al año del fondo de las Haciendas Locales.

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La cuesta de Beloso, sin árboles por las obras del carril bici Javier Bergasa

Un ayuntamiento que debe velar porque los propietarios de viviendas, locales o terrenos cumplan con sus responsabilidades impositivas más allá de que éstas sean o no impopulares. Y que crea además un agravio con el resto de municipios como ocurre en la Comarca de Pamplona que sí hacen los deberes en la tasación de bienes. Pero hay más herencias envenenadas en este nuevo mandato. También el Ayuntamiento tiene que afrontar ahora 11,25 millones de gastos pendientes de pago por obras no realizadas, prórrogas forzosas de servicios que estaban adjudicados a empresas privadas y que no han salido a licitación o el pago de sentencias pendientes.