La aprobación en el Consejo de Gobierno del proyecto de Presupuestos de Navarra para 2025 abre ahora el debate parlamentario sobre el instrumento económico y financiero más importante del autogobierno para impulsar la acción política del Ejecutivo y reflejar ante el conjunto de la sociedad las prioridades de la inversión pública de los casi 6.000 millones de euros previstos, 150 millones de euros más que en 2024.
Se resalta que la capacidad presupuestaria de Navarra ha alcanzado un nuevo máximo histórico con esos 6.000 millones de euros, aunque no sea eso lo más trascendental. La capacidad de gasto e inversión pública está sometida también a los ciclos económicos y unas veces son expansivos, como estos últimos años, y en otros momentos exigen restricciones, incluso recortes. Exigen eficacia y rigor en la gestión y distribución de los recursos públicos y de sus prioridades y la clave de su utilidad es el resultado final de las medidas que se aborden con ese dinero, propiedad de todas las navarras y navarros, y el análisis final que la sociedad haga de las conclusiones en función de sus propios intereses y necesidades.
De partida, la previsión para 2025 mantiene los objetivos del Acuerdo Programático que sostiene ahora al Gobierno y que vienen consolidándose con los sucesivos ejecutivos desde 2015: control y reducción de la deuda y el déficit y redistribución del gasto que priorice la recuperación del nivel y la calidad de las prestaciones públicas en educación, sanidad –junto a la vivienda son las dos apuestas estratégicas de los Presupuestos de 2025–, y necesidades sociales, además del empleo y el desarrollo económico.
Ese camino le ha ido bien a Navarra y lidera los ratios de calidad de vida y empleo en el Estado. Un modelo para dejar atrás definitivamente la última crisis que pasa por anteponer el bien común y la apuesta valiente y eficaz por lo público como tractor de la recuperación. Más aún cuando el horizonte sigue mostrando más nubarrones que claros y solo hace falta mirar a Volkswagen, el gigante europeo de automoción, y los anuncios de cierres y despidos masivos en Alemania y pensar en que esa situación de crisis puede acabar afectando igualmente a la planta de Landaben y a todo el sector de la industria proveedora en Navarra.
Junto al acuerdo logrado para los Presupuestos, PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu cerraron también un nuevo pacto fiscal para el próximo año y garantizar una renta mínima de 1.035 euros a cerca de 11.000 pensionistas navarros mediante deducciones fiscal con un coste de 10 millones de euros. La necesidad de una política fiscal equitativa y progresiva en función de la riqueza que deje de priorizar los intereses de las rentas de capital y sucumbir a la demagogia fiscal es fundamental para que el sistema foral de igualdad de oportunidades, servicios públicos de calidad y máxima cohesión e integración colectiva de la sociedad navarra siga avanzando.
Los Presupuestos tienen también como obligación política ser un instrumento contra la concentración de poder y la limitación del bien común que impulsan, en sentido contrario al camino por el que transita de Navarra, las políticas neoliberales de la ira y el autoritarismo en la política y la especulación, el abandono de las nuevas generaciones y el asalto a la riqueza común en la economía.