El año 1975 no es solo el de la muerte de Franco. Ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez mucho empeño en conmemorar el medio siglo del fallecimiento del dictador, que, sin embargo, no supuso el final inmediato de la dictadura, ya que vestigios de aquella estructura (la que se ve y la que está oculta) aún siguen en pie. Hoy la estrategia es más sutil; las mordazas no tapan la boca a punta de pistola sino a golpe de hipoteca, el estado de excepción llega en forma de ERE y el miedo lo administran los grandes empresarios (esos que siempre ganan mande quien mande). Queda poco espacio para la rebeldía, el compromiso y la solidaridad. O ninguna gana. ¿Qué fue de la lucha por la justicia social? Solo resiste el eco lejano del estribillo de un cantautor.
Alguien nos acusará de estar anestesiados. Nada que ver con la respuesta conjunta a la problemática que sacudía Navarra en 1975. Un ejemplo: ayer hizo 50 años del final del encierro que durante quince días sostuvieron 47 trabajadores de la mina de Potasas en el Pozo de Undiano. Un desafío valiente y sin parangón, en última instancia, a un Régimen que le temblaba el pulso pero que todavía firmaría varias condenas a muerte. El enfrentamiento de los mineros con la empresa venía de atrás; aquel mes de enero el detonante fueron las fuertes sanciones aplicadas a varios trabajadores. Por lo general, los señalados eran los más combativos en las asambleas, los que ejercían cierto liderazgo. La sanción de empleo iba acompañada en algunos casos de una sesión de golpes en comisaría.
Durante quince días, 47 mineros permanecieron en el Pozo de Undiano en respuesta a las sanciones impuestas por la empresa a varios trabajadores
La determinación de los mineros encontró de inmediato el apoyo incondicional de otras empresas. La huelga general convocada el 15 de enero fue secundada por cerca de 20.000 empleados de medio centenar de factorías. Se sumaron también comercios y estudiantes. En ese contexto, llama la atención, desde la perspectiva que da el paso del tiempo, el papel activo de la Iglesia. Hubo detenciones y multas a sacerdotes por el contenido de las homilías que denunciaban las injusticias que sufrían los trabajadores o por realizar colectas para las familias de los despedidos. 28 curas se encerraron en huelga de hambre en el Arzobispado en apoyo a los mineros.
El 21 de enero finalizaba el encierro porque la salud de los protagonistas presentaba fisuras. Al margen de que lograran todas sus reivindicaciones, ese arrojo y la masiva respuesta social se antoja hoy irrepetible.