El Parlamento de Navarra ha suspendido la tramitación de dos proposiciones de ley de UPN para vetar que personas condenadas por delitos de terrorismo de ETA puedan ejercer como docentes o participen en actividades con menores en actividades o proyectos beneficiados con ayudas públicas. Tiene toda la lógica solicitar sendos informes a los servicios jurídicos de la Cámara foral y al Consejo de Navarra sobre la legalidad y constitucionalidad de ambas iniciativas. No se trata de que guste nada su pasado y que los hechos protagonizados sigan pesando como una losa en el relato colectivo de esta sociedad, sino de garantizar que los ciudadanos tengan activos sus derechos. Y si esas personas han cumplido su condena por los delitos cometidos, por muy graves que fueran, y ahora están en plenitud de esos derechos civiles, laborales y políticos no parece constitucional ni siquiera viable impulsar leyes de excepción ad hoc.

Hayan sido responsables de delitos vinculados al terrorismo de ETA o a otros terrorismos u otras violencias que también se han padecido en este país, aunque esta segunda parte no aparece en los argumentarios de defensa de sus propuestas que hace UPN. Sería aprobar e impulsar otra excepcionalidad ilegal y antidemocrática cuyo destino final sería su anulación ya sea en los tribunales superiores en Navarra, en el Estado o en la UE. La legalidad democrática asume las reglas que rigen y el derecho a la reinserción social de las personas condenadas por delitos es un derecho penal constitucional. Como lo es también que a una persona que ha cumplido su condena por los delitos cometidos no se le puede aplicar una segunda condena por esos mismos hechos, que es lo que ocurriría si se intentasen aplicar las proposiciones de ley que plantea UPN. No ya quienes hayan cumplido sus condenas, sino incluso los acusados o quienes están cumpliendo condena por muy graves que sean los delitos, siguen siendo sujetos de derechos fundamentales en un Estado de Derecho.

No tengo intención alguna de hacer un alegato en defensa de nadie que haya cometidos delitos graves, incluidos delitos contra la vida de las personas, pero sí defiendo el modelos democrático del Estado de Derecho y que no se puede legislar sobre intencionalidades o supuestos, sino atendiendo al cumplimiento o incumplimiento de la ley. Si no fuera por la gravedad democrática que supone que a ciudadanos en plenitud de sus derechos se le intente eliminar de la vida laboral o profesional, diría que asistimos de nuevo a otro acto de esa ópera bufa que las necesidades partidistas ponen en escena periódicamente en este país.

El uso partidista del dolor y el sufrimiento de las víctimas de la violencia terrorista ha sido, como la división de las víctimas del terrorismo y de las violencias en víctimas de primera y de segunda, un clásico en la estrategia de UPN y del PP y este es solo otro ejemplo. Un instrumento partidista para ganar ruido y espacios en el debate público. Una excusa agitada mediáticamente para hacer daño al adversario. La pérdida del valor humano de los derechos democráticos y la anulación del Estado de Derecho son peligros mayores. Cuando se comienzan a recortar por intereses partidistas o ideológicos nunca se sabe cómo termina el camino. Basta recordar la gran purga educativa de maestros y maestras navarros de 1936. Un modelo mccarthista de corromper la democracia donde todo vale. Y eso sólo devalúa la democracia.