Baluarte acogió ayer un nuevo acto de reconocimiento y reparación a las víctimas por violencia de extrema derecha o de funcionarios públicos, coincidiendo con el Día Internacional contra la Tortura, reconocidos durante este último año, un total de 41 personas de un espectro social y políticos amplio que sufrieron daños físicos y materiales, malos tratos o tortura y otros tipos de violencia entre los años 60, 70, 80 y 90 y a partir del año 2000. Otro paso más, en los avances del trabajo de las instituciones forales por avanzar en el reconocimientos de todas las violencias que han asuelado esta comunidad. Desde las víctimas del genocidio franquista a las del terrorismo de ETA, de la guerra sucia del Estado y del terrorismo de derechas en la transición y en la democracia a las de tortura y malos tratos en comisarías y cuartelillos.
Tanto sobre sindicalistas y políticos, detenidos por delitos comunes o inmigrantes. Un compromiso democrático del Parlamento de Navarra y de la dirección de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra en la investigación de hechos que vulneran siempre los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Despreciar el reconocimiento de esa parte de la historia es un error que devalúa los cimientos democráticos en un ejercicio tan inútil como hipócrita que acaba abrazando el todo vale y la ley del más fuerte. Lo contrario es un paso imprescindible para poner fin a dos de las imposturas que lastran el reconocimiento del sufrimiento: el olvido programado por la división de las víctimas según las memorias de parte y la utilización de unas u otras víctimas para fines políticos partidistas. La tortura es un ejercicio cobarde que sólo los cobardes pueden ejecutar. Tampoco hubo terrorismo bueno y terrorismo malo.
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El terrorismo, el asesinato, la persecución, la extorsión, el acoso y el señalamiento, la guerra sucia o las torturas son inaceptables. Los reconocimientos a las víctimas de todas las violencias terminan con la dualidad de su división en función de quienes son las víctimas y quienes los victimarios, pero nada elimina ni reduce las responsabilidades de cada cual en los distintos hechos de violencia ni justifica las otras violencias ni aligera el peso de la mochila de quienes fueron cómplices de cada una de ellas. Asumir que todas estuvieron mal como memoria compartida debiera ser el objetivo ético mínimo para avanzar en una visión integral del sufrimiento y de sus consecuencias y para construir una convivencia y una memoria democráticas. Lo que debiera superarse en una sociedad democrática, más aún en el caso de Navarra, es una memoria confrontada entre unas víctimas y otras. Y esa división de las víctimas por intereses partidistas en un juego tóxico del debate político.
Es posible y, sobre todo necesario, desde el punto de vista de sentirse víctimas y sufrir esa memoria como víctimas, aceptar que el reconocimiento, la memoria y la dignidad, la justicia y la reparación son derechos que afectan a las víctimas de la violencia y de violaciones de derechos humanos, sean víctimas del terrorismo de ETA, del genocidio franquista o del terrorismo de Estado, de extrema derecha o de actuaciones policiales al margen de la ley. Ese sentimiento y reconocimiento común entre víctimas de diferentes violencias tiene ejemplos. Como dijo ayer Alberto Goñi en Baluarte: “La violencia es profundamente inhumana. Nos coloca en trincheras, y niega la posibilidad de escucha”.