La premura de tiempo es el principal factor que parece haber propiciado un acuerdo de compromiso entre los ministerios de Hacienda y Trabajo en torno a la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en régimen común. En consecuencia, el modo de evitar una ruptura traumática entre los socios de gobierno ha sido una solución igualmente temporal: los asalariados que cobran el SMI no tributarán por él, pero solo en el ejercicio 2025. Los mimbres del acuerdo permiten salvar escollos en el Congreso pero conservan a su vez los que perpetúan el desencuentro.
El equipo de María Jesús Montero insiste en que, en términos reales, un 80% de los receptores del salario mínimo no tributarán en ningún caso porque la subida –de 50 € al mes– se compensa con sus circunstancias personales. Sería el 20% de receptores solteros y sin hijos quienes podrían verse afectados. En el otro extremo, desde el ministerio de Yolanda Díaz se insiste en que su filosofía tributaria es la que debe quedar asentada, de modo que nunca paguen IRPF quienes perciben el SMI. El debate se retomará en el futuro porque el concepto de exención fiscal tiene un encaje complicado a medida que la mejora del SMI ha acercado a sus perceptores a niveles salariales que tradicionalmente han venido contribuyendo.
En esa lógica hay una posición técnica que defiende que la exención de oficio con la referencia del SMI lesiona las arcas públicas y no puede acompañar a las próximas subidas y otra política que lo ampara. En el marco normativo foral acabamos de ver aplicado el criterio de exención tributaria no tanto asociado al SMI como al nivel de ingresos, superior a esta referencia en el acuerdo que revisa la normativa fiscal en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Esto permite desligar la filosofía tributaria de la evolución del SMI. Navarra no ha acometido una revisión de su propia norma o, lo que es lo mismo, mantiene el criterio previo de tributación según renta, lo que no exime a los perceptores de salario mínimo. En definitiva, se ha salvado un obstáculo con más virtudes políticas inmediatas para el propio Gobierno PSOE-Sumar que claridad fiscal para el futuro. Pero el debate entre elevar el rendimiento particular del SMI mediante exención tributaria o hacerle copartícipe de la sostenibilidad de las cuentas públicas no queda resuelto.