Según las estadísticas comprobables, en 2024 fueron asesinadas por la aplicación de la pena de muerte oficial 1.518 personas. Por supuesto, esta cifra es falsa, hay cientos de ejecutados por estados como China que no tienen estadística, ya que el oscurantismo y la falta de transparencia son dos de las claves que acompañan la aplicación de la pena de muerte. De entre los Estados monitorizados, destacan Arabia Saudí, Irak e Irán –y el fundamentalismo islamista allí donde se instala–, que son responsables del 91% de las mismas. EEUU la aplica aumentando las ejecuciones cada año. Pero lo que expone el informe anual de Amnistía Internacional Condenas a muerte y ejecuciones 2024 no alcanza ni de lejos la capacidad de muerte real de cada año del homicidio que se considera legal en determinados países, regímenes religiosos y modelos políticos.
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Para empezar, ni las ejecuciones en Siria tras la llegada al poder del islamismo radical –antes tampoco–, o en Singapur por delitos comunes, ni la ejecución sistemática de decenas de miles de palestinos en los campos de exterminio de Gaza y Cisjordania, que siguen vigentes un día sí y otro también, a manos del Estado de Israel forman parte del recuento. De hecho, un acusado por genocidio por la Corte Penal Internacional como Netanyahu se pasea por Europa y por su espacio aéreo sin que ningún estado miembro de la UE sea capaz de cumplir con sus obligaciones. O se ríe junto a Trump mientras relatan como convertirán en gran negocio unas tierras robadas y arrasadas con miles de cadáveres entre sus escombros.
La pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado, en uso de su monopolio legal de la violencia y en nombre de una supuesta justicia o intderés superior. Viola el derecho a la vida que proclama la Declaración de Derechos Humanos. Es un castigo cruel, inhumano y degradante en cualquiera de su versiones. Es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra los económicamente desfavorecidos, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. No sólo es en Palestina, ocurre en Ucrania o en el Congo y otras zonas de África o Asia donde se practica para por el simple expolio de las tierras y los recursos naturales a sus habitantes. Ha sido y sigue siendo utilizada como instrumento de represión política o económica. Es inevitable que se cobre víctimas inocentes.
Gaza, un campo de exterminio
El universo de decapitaciones, ahorcamientos, bombardeos indiscriminados, violaciones, masacres de civiles, inyecciones letales y fusilamientos colectivos –como el de 15 paramédicos hace unos días en Gaza–, compone un mapa de la infamia. Mientras la ética humanista, los derechos humanos y la legalidad internacional no se impongan a los intereses particulares, ya sean económicos, religiosos, políticos..., no se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a los inocentes. En las guerras aún menos, donde se utiliza a los seres humanos como simple carne de cañón. Lo vemos ya cada día en vivo y en directo con imágenes innegables. Sé que no es el camino por el transitamos ahora, pero también tengo claro que es el camino al que deberemos volver cuando las consecuencias del desastre se pongan ante la vista.