No se trata más que de la filtración de una ponencia y ya tenemos el gallinero alborotado. Más alborotado todavía. Un año después de su aprobación, parece ser que el Tribunal Constitucional habría dado su visto bueno a lo que decidió el pleno soberano del Congreso de Diputados. Por supuesto, la noticia se ha conocido vía filtración, procedimiento, al parecer, inexorable y habitual en este país de chafardería. Es curioso que nadie se haya ocupado todavía de meterles mano a los filtradores, teniendo en cuenta que no existe una filtración sin intención, mayormente perversa y para zurrar al contrario político.
Dicho lo dicho, vamos al turrón. Una vez más, queda claro que el sacrosanto Poder Judicial sopla por donde le da el aire, a favor o en contra de sus impulsos ideológicos. O sea, era de esperar que el TC se pronunciara favorable a la Ley de Amnistía porque tras su remodelación se constituye en mayoría progresista. Del mismo modo, era previsible que el Tribunal Supremo interpusiera toda clase de obstáculos a dicha ley, dada su mayoría conservadora. Estos son los hechos, y mala cosa es que la sociedad española los acepte y se resigne como si se tratase de un fenómeno meteorológico.
Es más que probable que por razones de origen sociológico, y genealógico la judicatura tienda mayoritariamente al conservadurismo ideológico y, según se pudo comprobar, se aplicaron a fondo con todo el peso de togas y puñetas contra los protagonistas del procès. El bloque conservador de la Magistratura sintonizó con todas las derechas españolas castigando con la mayor dureza a los que pretendieron romper España.
Luego ocurrió que llegó casi por sorpresa un Gobierno progresista, condicionado a pactar con los indeseables y como consecuencia, a concesiones insoportables para la derecha política, mediática y judicial. La Ley de Amnistía, según justificó el Gobierno de Pedro Sánchez, tenía por objeto normalizar la convivencia en Cataluña, y no se puede negar que el ambiente ciudadano en ese país es afortunadamente más tranquilo. Y se aprobó la ley. Y se abrió la veda. El presidente okupa y su Gobierno infame fueron objeto del más implacable y compacto ataque para su desalojo. En ese fuego graneado –“el que pueda hacer, que haga”– entró con entusiasmo el sector más ultra de la Magistratura colaborando en mantener en el tiempo la sensación pública de corrupción, descomposición y agotamiento. No han dudado en extender la sospecha de corrupción a toda la parentela del presidente, buscando y rebuscando supuestos delitos, emponzoñando más allá de la ponzoña adyacente que siempre acompaña al poder. Mal, muy mal el TC, se asegura el aspirante Feijóo, y suelta la incongruencia de que su sentencia del Tribunal Constitucional es inconstitucional. Y se queda tan ancho.
Según se ha filtrado, la derecha política, mediática y judicial van a tener que tragarse el sapo con que les castiga el TC de mayoría progresista. Es lo que hay. De jueces en jueces y tiro porque me toca. Pero aún les queda un consuelo. Al parecer, según la filtración, queda en el aire que le alcance la amnistía al sempiterno fugado Carles Puigdemont, que pasará a la historia más como un molesto forúnculo que como un líder honorable de la República de Catalunya.