El Gobierno de Navarra ha aceptado con obligada deportividad el pequeño varapalo judicial que dedicó el magistrado de Supremo Leopoldo Puente a su solicitud de personarse como acusación particular en el caso Ábalos, Koldo y Cerdán sin concretar qué hechos delictivos le situarían como parte perjudicada y opta por dejar una puerta abierta a intentarlo de nuevo más adelante si en la instrucción apareciesen posibles daños a la Hacienda Foral. Podía haberlo pensado antes casi mejor.
Por su parte, el Parlamento de Navarra pone en marcha el trámite para aprobar este mismo jueves una comisión de investigación para analizar desde 2011 todos los contratos públicos del Gobierno de Navarra con las empresas señaladas ahora en el informe de la UCO. También lo podía haber pensado ante casi mejor y no anunciar hace apenas una semana que esta misma comisión de investigación se trasladaba a septiembre y ahora tener que rectificar. Suelen tener mala prensa las comisiones de investigación, aunque bien llevadas son uno de los últimos escenarios de la política democrática en las sedes parlamentarias.
Es cierto también que con la deriva circense-mediática en que se han convertido semanalmente los parlamentos donde la reflexión política y el debate argumental queda enterrado por cualquier boutade o simple falsedad las comisiones de investigación acaban resultando una sucesión de fiascos sin resultado alguno de mínimo interés ciudadano. Porque quizá no había nada que investigar, porque no había un interés real en ello o porque no hubo un trabajo adecuado. Da igual qué comisión de investigación se cite –creo que la única que cumplió un servicio político eficaz fue la del 11-M dejando en evidencia la montaña de mentiras de Aznar y el papel de su Gobierno–, desde el final de Caja Navarra a la Gürtel o la Operación Catalunya, etcétera.
Largas horas de debates y estrategias partidistas para conducir en una dirección u otra la marcha la comisión de investigación de turno y decenas de comparecientes que mayormente se centran en dejar claro que a ellos ni le va ni les viene y en declarar con más o menos parsimonia ante las preguntas más comprometidas lo de siempre: no sabía absolutamente nada, no era consciente de nada y no le costa nada de todo eso. Es cierto que hay aún importantes incógnitas sobre la presunta trama de cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas en Navarra, que está abierta la vía judicial en el Supremo, y que la exigencia de información y transparencia de la sociedad navarra es real, pero parece difícil que esta comisión, que nace lastrada por las diferencias de criterio e intereses partidistas de los grupos, pueda ofrecer respuestas claras a todo ello.
El Gobierno de Chivite y en buena medida también la mayoría que lo sostiene está todavía en cierto estado de shock y ese es un mal ánimo para tomar decisiones adecuadas. Es mejor ir dejando atrás la urgencia de la ansiedad en la toma de decisiones y apostar por la frialdad que ofrece unas panorámicas más claras de la realidad a abordar. Entre otras razones, porque su primera obligación y prioridad doario debe ser seguir gobernando y buscando soluciones a los retos y problemas de la sociedad navarra. No hace falta hacerles el camino a UPN, PP y Vox más fácil de lo que ellos creen que lo tienen ahora.
