La iniciativa de un Gobierno en minoría requiere generar consensos y voluntad de compartirlos por parte del resto de fuerzas políticas. Al Gobierno de PSOE-Sumar le han faltado en demasiadas ocasiones habilidades para generar consensos, ha pecado de unilateralidad y no ha trabajado iniciativas que merecían mejor suerte pero que decayeron por no asumir la dimensión de su propia fuerza. Pero, dicho esto, el del decreto antiapagones es un escenario diferente y también preocupante.
Las medidas contenidas en una iniciativa llamada a aportar seguridad al suministro eléctrico de ciudadanía y empresas sí contaban con un consenso difícil de contestar. En el marco de la responsabilidad ambiental, han sido reconocidas por ONG como Greenpeace; en el de la actividad económica, todas asociaciones profesionales y sectoriales con cualificación técnica habían respaldado su oportunidad.
La incapacidad para no someter el interés colectivo a los particulares de las fuerzas políticas que tumbaron el martes la reforma legal es palmaria y tiene consecuencias reprobables. La frivolidad con la que PP, Vox, Junts, Podemos y BNG justifican su rechazo es descriptiva de su falta de perspectiva desde el bucle de la política partidista en el que se manejan. A la prioridad de bloqueo de la legislatura que practican abiertamente PP y Vox, se ha sumado Podemos, por razón de supervivencia política a costa de confrontar con Sumar y PSOE. Junts ha hecho caso omiso de la necesidad de reforzar el sector eléctrico que tiene el tejido productivo catalán porque no está en su agenda inmediata.
El reproche de la izquierda –BNG y Podemos– es ideológico y carece de sentido práctico: su relato antioligopolio contra la garantía de suministro, la suficiencia en la generación y la descarbonización, que su decisión lastra. El retraso implica sobrecostes a la industria electrointensiva, carencias en la seguridad del suministro y al control y ralentiza el desarrollo de la red eléctrica. La frivolidad del modo de hacer política la resume el diagnóstico del secretario general del PP, Miguel Tellado, cuando se justifica en que nadie espera que el PP salve a Pedro Sánchez apoyando sus medidas. Lo que revela ese diagnóstico es que no le duelen prendas en condenar al conjunto de la ciudadanía en beneficio del objetivo del PP de copar el poder institucional.
