No hace falta ser ningún experto en Derecho para saber que el procesamiento del fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos es un atropello judicial en toda regla. Así lo piensa también uno de los tres magistrados de la Sala Penal del Supremo, que se opuso a continuar el procedimiento contra Álvaro García Ortiz. Pese a ello, la realidad es que el jefe del ministerio público es a día de hoy la principal víctima de que Alberto González Amador, a la sazón novio de Isabel Díaz Ayuso, esté procesado por un más que presunto fraude fiscal de 350.910 euros.

Pero para las derechas y para la caverna mediática esto es lo de menos. Conseguido que un cargo de confianza del presidente Sánchez se encuentre a un paso de sentarse en el banquillo por supuestamente haber alertado del bulo según el cual era el ministerio público el que había intentado un acuerdo con González Amador, cuando la verdad es que nos encontramos ante un defraudador que por fin ha sido procesado, ya está el terreno más que abonado para organizar un nuevo alboroto. En este agitado escenario político se celebra este viernes la apertura del Año Judicial.

Núñez Feijóo y otros relevantes cargos del PP, como el presidente del Senado, ya han avanzado que no van a acudir porque consideran que la presencia del fiscal general del Estado es una “aberración”. Alineados con las tesis de la derecha, los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han pedido que García Ortiz tampoco asista a este solemne acto y que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no se siente junto al rey. Mientras la postura del PP encaja perfectamente dentro de su estrategia de acoso contra el Gobierno, la de los jueces canta un poco mas porque se aleja de su supuesta imparcialidad. En fin. Sorprende que luego se quejen de que Sánchez denuncie que hay jueces haciendo política cuando resulta más que obvio de que es así.