Uso lo suficiente el transporte público de Pamplona como para saber más o menos qué clase de personas nos subimos en él y que si ese porcentaje de personas sobre el resto de la sociedad se incrementara e incluyera a políticos de todo pelaje no pasarían algunas de las cosas que pasan. Algunas de las cosas que pasan son concesiones un 14% por debajo del precio de licitación, malas condiciones laborales, malas condiciones económicas, incremento del número de usuarios a la par que incremento del tráfico lo que conlleva más tiempo detenidos subiendo y bajando usuarios y por tanto imposibilidad total de cumplir con frecuencias horarias, malas caras, inseguridad en ocasiones, múltiples problemas técnicos y mecánicos por deficiente mantenimiento de la flota de autobuses y, en resumen, un servicio público prestado por concesión por una empresa privada que lleva varios meses con huelgas parciales y que en lugar de mejorar ha ido empeorando o cuando menos no ofreciendo el atractivo suficiente como para convertirse en una alternativa aún más potente al uso del vehículo individual, con todo lo que conlleva. Por supuesto, no digo con esto que el servicio sea malo, ni mucho menos.
Considero que dentro de lo que cabe se cumplen unos estándares bastante dignos, pero eso no elimina la responsabilidad que tienen que tener las administraciones –Gobierno, Mancomunidad y Ayuntamientos– en que se solucione en primer lugar la huelga y, con más motivo aún, en que se implementen las mejoras necesarias para que el servicio cubra buena parte de las deficiencias por casi todos detectadas. Estamos hablando de una actividad que está en máximos históricos, con 46 millones de viajes en 2024 –125.000 viajes diarios–, un 14% más que antes que la pandemia y un 8% más que hace un año. Urge una solución y abordar los problemas, los de fondo y los que saltan a la vista.
