El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba este miércoles la intención de topar por decreto los intereses de los créditos al consumo y de las tarjetas revolving. Una realidad hasta la fecha relegada en las prioridades regulatorias pero que ha ganado peso en los usos de financiación de los particulares al multiplicarse la oferta y los actores en el mercado financiero, también digital. En términos prácticos, no existe una normativa europea de aplicación general que defina los baremos de esos tipos de interés. Sólo existe una directiva que obliga a los Estados miembros de la Unión a una regulación de esa práctica por ley. La consecuencia era que, hasta la fecha, su regulación quedaba en manos de los tribunales, con la dificultad objetiva que el proceso conlleva para el consumidor particular.

La nueva norma, que el Ministerio de Economía acaba de anunciar, combinará más transparencia previa, un periodo mínimo de reflexión y, especialmente, “límites a los costes” de estos productos, donde hoy se ven TAE exorbitados en préstamos al consumo. Es un paso imprescindible, en tanto ha sido el Tribunal Supremo el que ha venido marcando, con sus sentencias, la frontera entre interés normal y usura en las tarjetas revolving.

​La perspectiva de fijar tipos específicos máximos tiene detractores por acotar el mercado, pero las fórmulas alternativas conllevan riesgos. En la propuesta que existe sobre la mesa, se apunta a tipos máximos de hasta el 15% en función de importe del préstamo. Bruselas exige que se contengan los tipos “excesivos”, pero deja a cada Estado elegir el modelo. Así, Francia, Italia o Portugal aplican techos ligados al tipo medio de mercado. Bien mediante la autorización de un incremento de varios puntos –un 5% o hasta un 8% más– sobre ese tipo porcentual medio o de varias veces el mismo, –1,5 o más veces el TAE medio–, existe un riesgo de efecto faro: los operadores tienden a agruparse cerca del techo permitido, elevando la media y, con ella, el propio límite; la estadística se recalcula al alza y el nuevo máximo vuelve a ampliarse. Evitar esa trampa exige combinar un techo claro, estable y prudente con controles de transparencia reales y supervisión efectiva, pero no estaría de más una mayor concreción en el marco europeo en tanto el mercado de capitales es un marco colectivo en la eurozona.