El encuentro inaugural de la Junta de Paz promovida por Donald Trump para abordar el futuro de Gaza confirma esa constante de su trayectoria política, consistente en convertir cada iniciativa en un escenario de afirmación personal. La elección del Instituto Trump para la Paz de Estados Unidos como sede refuerza esa percepción simbólica desde el primer momento. La configuración del nuevo órgano también confirma un marcado control presidencial. Trump se ha autoproclamado presidente de la Junta, se reserva derecho de veto sobre los participantes y define tanto el calendario como la agenda de trabajo.

La paradoja política es evidente. El mismo mandatario que ha actuado como protector de la estrategia genocida de Benjamin Netanyahu aspira ahora a ser el garante de la reconstrucción y el porvenir del enclave palestino. La convocatoria ha reunido a más de 45 países, aunque la mayoría lo han hecho en calidad de observadores. De la iniciativa de Trump preocupa su pretensión de superar la misión de la ONU, apelando a la eficacia y la capacidad resolutiva del nuevo organismo.

35

Fotos de la manifestación en Pamplona convocada por Yala Nafarroa bajo el lema 'No olvidamos a Palestina' Unai Beroiz

El texto fundacional la define como “una coalición de Estados voluntarios comprometidos con la cooperación práctica y la acción eficaz”, formulación que algunos gobiernos occidentales interpretan como la posible antesala de un ente paralelo. En cualquier caso, una aspiración de esa naturaleza parece limitada por las ausencias destacadas.

No han participado aliados tradicionales de Washington como Canadá, Reino Unido, Japón o la mayoría de los miembros de la Unión Europea. Tampoco potencias como China o Rusia. El Vaticano declinó sumarse al considerar que se trata de una estructura de naturaleza particular. Mientras tanto, sobre Gaza pesa una realidad que ninguna arquitectura diplomática puede ignorar. El alto el fuego auspiciado por Egipto no ha logrado estabilizar plenamente la situación.

Tras su firma se han contabilizado más de 600 muertes en acciones atribuidas a Israel. Cerca de dos millones de personas continúan viviendo en condiciones extremadamente precarias. Y el Gobierno israelí no ha mostrado ninguna voluntad de modificar su posición. Si antes pedía la devolución de los secuestrados, ahora exige la desaparición de Hamás. En paralelo, la atención internacional sobre Gaza se ha diluido y este vacío es aprovechado por Israel para avanzar en la ocupación de territorio palestino en Cisjordania.