La gestión educativa en Navarra ha entrado en una fase crítica donde la aritmética parece imponerse a la política. El cierre de aulas bajo el argumento del descenso de la natalidad ha pasado a convertirse en un conflicto de calado social. El Departamento de Educación está ejecutando esta reconfiguración del sistema de espaldas a la mayoría parlamentaria, rompiendo el consenso necesario para una materia tan sensible.
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Ayer aseguraba que los recortes no afectaban a la red pública, solo a la concertada, ayer parecía que sí... Esta falta de sintonía institucional tiene consecuencias directas sobre el territorio. Las ikastolas denuncian un trato desigual, señalando decisiones que perciben como arbitrarias y que dejan al modelo en euskera en una posición de especial “vulnerabilidad”. La medida afecta a centros que trabajan en diferentes territorios a favor de la normalización del euskera, proyectos que definen como comunitarios y sin ánimo de lucro, como es el caso de la Ikastola Labiaga (Bera), Lizarra (Estella), Tantirumairu (Lesaka) e Ibaialde (Lodosa), además de San Fermín (Cizur Menor) y la ikastola de Baztan, que es municipal y se rige por un convenio especial. En Viana, Tudela, Lumbier o Sangüesa, sin oferta pública en euskera, las ikastolas son de hecho la única opción.
En el caso de Lizarra, seis niños quedan fuera del modelo en euskera que sus familias han elegido por falta de plaza. La incertidumbre sobre los conciertos educativos dificulta además que muchos centros puedan planificar su futuro con estabilidad teniendo además ratios más altos que en la red pública... Un tema complejo para ir a golpe de decreto.