La política exterior de Estados Unidos ha dejado atrás la diplomacia de alianzas para instalarse en una lógica de represalia transaccional. La reciente actualización de la Estrategia de Defensa Nacional (NDS) de 2026, que consolida el giro operativo del ahora denominado Departamento de Guerra, lo deja claro: Washington ya no percibe a la OTAN como una alianza de valores compartidos, sino como un dispositivo de obediencia política y dependencia comercial.

El anuncio de retirar 5.000 efectivos de Alemania, como respuesta directa a las críticas del canciller Friedrich Merz por la unilateralidad de la Casa Blanca, supone una quiebra grave en la arquitectura de seguridad compartida. No se trata de una reordenación técnica de recursos en el flanco este, sino de un castigo político que invalida décadas de planificación conjunta. La misma lógica coercitiva se proyecta ya sobre el Mediterráneo. Las amenazas explícitas de desmantelar o reducir la presencia en bases estratégicas como Rota y Morón en España, o Sigonella en Italia, por la negativa de estos Gobiernos a involucrarse sin reservas en la escalada bélica contra Irán, confirman que la soberanía de los socios es hoy un estorbo para los planes de Washington. Pero la presión estratégica encubre también una agenda económica de gran agresividad. La Administración estadounidense ha elevado la exigencia de gasto militar al 5% del PIB para 2035, una cifra que diversos analistas tachan de irracional para las economías europeas, pero que responde a un objetivo muy concreto: garantizar un mercado cautivo para su industria pesada.

Mientras las ventas militares de EE.UU. hacia Europa han pasado de 10.000 millones de dólares en 2020 a superar los 43.000 millones en el último ciclo, Washington boicotea activamente cualquier intento de desarrollo industrial de defensa estrictamente europeo, imponiendo estándares técnicos que blindan a sus propios contratistas. Esta inconsistencia estratégica –que prioriza el beneficio industrial inmediato y la obediencia táctica sobre la cohesión a largo plazo– deja a la UE en una situación de vulnerabilidad deliberada. Bruselas debe asumir de una vez que la autonomía estratégica ha dejado de ser una consigna doctrinal: hoy es una exigencia de supervivencia ante un aliado que habla cada vez más en términos de ultimátum.