Desde agosto del 2020 estoy jubilado de FCC, después de 35 años conduciendo camiones de la recogida de basura. El pasado lunes leía con rabia y tristeza la carta de nuestro compañero Gorka: 11 años encadenando contratos temporales para que al final FCC decida dejar de contratarle, con su mujer en el paro y cuatro hijos que mantener. En su carta denuncia con claridad el clientelismo y la simbiosis en la que se mueven FCC y la agrupación de trabajadores ATSU, mayoritaria en el comité de empresa. Se entiende perfectamente por qué durante años no han querido negociar una regulación de la contratación indefinida basada en la antigüedad en la empresa, tal y como ha venido proponiendo la representación sindical de LAB. Pero hay un tema que Gorka no ha tocado y que no debemos pasar por alto. ¿Quién paga a FCC? La Mancomunidad. Y de dónde saca la Mancomunidad el dinero? Pues de los impuestos que pagamos todos y todas. La MCP establece el acceso a los puestos de trabajo a través de pruebas que garantizan el acceso en base a los méritos y la capacidad de los y las aspirantes. ¿Eso no vale para las empresas que contrata? Llevamos años reivindicando la gestión directa de los servicios públicos o la inclusión de cláusulas sociales en las contratas. Después de muchos años reivindicando unos mínimos dignos en estos ámbitos, los avances son exiguos. No en vano FCC supervisa la afiliación de ATSU a través del descuento de la cuota en las nóminas que emite. Salvoconducto a un puesto fijo. Y cuidado con quién te juntas. Las viejas recetas de siempre. La situación de Gorka no es un caso aislado ni en la recogida de basura ni en la limpieza viaria. No deberíamos permitir que la Mancomunidad siga mire para otro lado, que no actúe ante esta y otras injusticias flagrantes. No con nuestro dinero.