La libertad de expresión en España agoniza ante la nueva ofensiva represora de la Audiencia Nacional, que constreñirá hasta el paroxismo la libertad de expresión mediante la imposición sistemática de multas estratosféricas, y cuyo penúltimo episodio sería la próxima entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por presuntos “delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona”. Dicha cruzada involucionista tendría a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo como brazos ejecutores del tardofranquismo judicial, tribunales que estarían controlados por el llamado clan de los políticos en palabras del expresidente de Sala del TS, Ramón Trillo. El objetivo confeso sería la implementación de la llamada Doctrina Aznar, que tendría como objetivo último ”criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”, pero, dada la masiva indignación popular ante la asimetría jurídica entre el caso Hasel y los contenciosos del Emérito, no sería descartable la aplicación por el Gobierno de un indulto a Pablo Hasel que representará la victoria de la libertad de expresión.
