l pasado 2 de noviembre, la consejera Itziar Gómez definió el proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética como “ambicioso y participado”. Sin embargo, esa ambición y participación es bastante relativa. El proyecto de ley foral buscar reducir las emisiones en un 26% para el año 2030, tomando como referencia el año 1990. El problema es que en septiembre de 2020 la Comisión Europea ya propuso una reducción de al menos un 55% para 2030, cifras que quizás sí pueden acercarse más a la ambición que nos exige la ciencia para contener los efectos más devastadores de la crisis climática.

Es evidente que cumplir esos objetivos requerirá transformaciones profundas en nuestras vidas por los que esta ley solo pasa de puntillas: el modelo agro ganadero, la movilidad o la planificación de la transición energética. Estas transformaciones han de llevarse a cabo con gran consenso y compromiso y también desde una perspectiva de justicia social para que no sean las personas más vulnerables las que más soporten su carga.

Es precisamente aquí donde debemos hablar de participación real e implicar a la ciudadanía en la toma de estas decisiones tan cruciales. Y no solo de procesos limitados como el de esta ley. Debemos exigir que esta ley foral incluya la constitución de una Asamblea Ciudadana Climática.

Una Asamblea Ciudadana es un grupo de personas seleccionadas por sorteo estratificado -según género, edad, lugar de residencia o nivel de estudios- para que sean una representación en miniatura de la sociedad, que se informa, delibera y da respuesta a través de medidas concretas a una pregunta que se le habrá planteado previamente. La asamblea recibe formación de parte de personal experto y grupos de interés. Posteriormente, en grupos más pequeños, pasan a deliberar, donde se discute y valora la información recibida. Y, por último, redactan un informe con sus propuestas, que han de tener un compromiso de vinculación por parte del gobierno.

Estas asambleas son una herramienta de democracia deliberativa con más de 20 años de experiencia y han servido para desbloquear temas complejos en diferentes lugares del mundo. Son muchos los organismos internacionales que las recomiendan, como la OCDE o la propia UE. Incluso la Ley de Cambio Climático del Gobierno de España recomienda que se establezcan asambleas autonómicas y municipales. Las diferentes experiencias con Asambleas Ciudadanas han demostrado que estos procesos permiten llegar a decisiones más valientes que la política tradicional y que presentan un mayor apoyo social.

Quizás no sean la solución perfecta, pero debemos buscar y exigir fórmulas nuevas para romper el bloqueo político y enfrentar la emergencia climática de manera eficaz. Llevamos 30 años de cumbres climáticas, informes, protocolos, acuerdos... pero nada ha funcionado y la ventana de oportunidades para limitar los peores escenarios es cada vez más pequeña.

En representación de Extinction Rebellion Pamplona-Iruñea. Movimiento social que surgió en 2018 en Inglaterra, fundado por académicas y académicos que hicieron un llamamiento a la desobediencia civil a nivel mundial para impulsar iniciativas de los gobiernos contra el cambio climático, y que tienen en la acción directa no violenta su principal modo de lucha para evitar la extinción masiva de especies e incluso del ser humano. Este movimiento ya se ha expandido globalmente y se encuentra en 80 países del mundo, con grupos descentralizados en varias ciudades de España

El proyecto de ley foral busca reducir las emisiones en un 26% para el año 2030, tomando como referencia el año 1990

Debemos buscar y exigir fórmulas nuevas para romper el bloqueo político y enfrentar la emergencia climática de manera eficaz