El conjunto de funciones de los ríos, entre las que se encuentra, no lo olvidemos, la de desaguar las escorrentías de las lluvias que caen sobre un territorio, abarcan un amplio conjunto de procesos relacionados con los flujos del agua, el sedimento, los nutrientes, la materia orgánica y los distintos grupos de organismos existentes.

En condiciones naturales, estos procesos se realizan de una forma óptima y de paso nos proporcionan un sinfín de servicios ecosistémicos. Dada la secular dependencia de las diferentes civilizaciones con los ríos y sus vegas, las condiciones naturales de los ríos se han visto históricamente alteradas por la acción humana a través del uso y el aprovechamiento de sus cauces y de sus zonas adyacentes y de todas las alteraciones, la alteración en la continuidad longitudinal fluvial se considera como una de las principales alteraciones hidromorfológicas.

Efectivamente, la fragmentación de los hábitats fluviales que producen las obras transversales (presas, azudes, losas...), produce efectos muy negativos sobre las especies piscícolas y un notable desequilibrio del régimen y transporte de sedimentos que, junto a otras presiones como las obras de defensa y los dragados, originan procesos de desequilibrio en los lechos de los ríos, con consecuencias a veces muy peligrosas para los puentes y otras infraestructuras y servidumbres esenciales.

La eliminación de presas se ha convertido en una práctica frecuente de restauración fluvial en Europa y Norteamérica, y según el informe de Dam Removal Europe, solo en España se han demolido más de un centenar en 2021. En el marco de la restauración fluvial en todos los países se trabaja en la eliminación de estos obstáculos como objetivo prioritario, destacando la demolición de presas obsoletas cuyo uso o concesión ha caducado.

La presa de Sta. Engracia, en la Rotxapea, es un pequeño azud de unos 2 metros de altura, que crea un desnivel utilizado desde el siglo XIII para un molino harinero que posteriormente serviría al alumbrado eléctrico de Pamplona y finalmente a la empresa Industrias del Caucho hasta el final de la misma. La presa tenía desde entonces caducada su concesión.

En el invierno del 2017/2018, tras varios episodios de crecidas, la estructura central de la presa quedó seriamente dañada y acabó por derruirse. Ya para esas fechas, un estudio encargado desde el Consistorio a una consultora especialista en restauración fluvial, indicaba que la eliminación de dicha presa era una acción prioritaria, “al encontrarse en mal estado y tener nula utilidad”. Su derribo, rezaba el informe, “mejoraría el transporte de sedimentos y el paso de fauna, y evitaría los efectos de algunas crecidas aguas arriba de la misma, con lo que sería una medida más de minimización del riesgo de cara a posibles inundaciones.”

Desde el año 2019, ya en la actual legislatura, desde el Ayuntamiento se ha pretendido repararla pese a los informes negativos del Departamento de Medio Ambiente y de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que había denegado su reparación. Así, en julio de 2021 la Ilma. Sra. presidenta de la CHE resolvió no autorizar al Ayuntamiento el proyecto de reparación de la misma y ordenó su derribo en aras de una importante mejora hidráulica, ecológica, paisajística y ambiental. Su demolición, afirmaba, “liberará al río del obstáculo de las corrientes, recuperando lo máximo posible su continuidad longitudinal, y permitiendo el paso de peces y el transporte de sedimentos”.

A pesar de ello, el Consistorio hace caso omiso de esta resolución y ha declarado que trabaja con la Confederación Hidrográfica del Ebro para mantener la presa. Recordamos que, para reconstruir la presa, sería necesario revisar de oficio la resolución que obliga a la eliminación de sus peligrosas ruinas, revisión que precisa criterios muy exigentes como la previa nulidad de dicha resolución anterior, lo que no parece que sea el caso, e incluso el dictamen del Consejo de Estado.

Estamos ya a finales del primer cuarto del siglo XXI. Corren otros tiempos, otros vientos y otras aguas.

El autor es presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial