Es buen momento para poner en marcha iniciativas de colaboración público-privadas que nos permitan responder eficazmente en las posibles emergencias que pueden acontecer. Así como desarrollar las capacidades para volver, lo antes posible, a la normalidad. Es necesario también profundizar en el análisis y la evaluación de los riesgos, ya que la probabilidad, por lo general muy baja de los sucesos catastróficos, nos hace infravalorarlos y en consecuencia no considerar los daños humanos y económicos así con las dificultades para la vuelta a la normalidad. 

Los sucesos catastróficos en sus diferentes causas: naturales, antrópicas y tecnológicas, se caracterizan por su afección a la sociedad, en muchos casos de forma súbita e inesperada. Por otra parte, la falta de medidas de prevención, protección y de recuperación ocasionan importantes pérdidas humanas y económicas. Es por ello que en el ámbito de la Protección Civil es necesario fomentar la colaboración e implicación pública, privada y social, muy necesaria para afrontar la reducción del riesgo de desastres y lograr una gestión efectiva de las emergencias, la recuperación y la vuelta a la normalidad. Los riesgos no distinguen a las personas, si bien hay colectivos que por su situación de vulnerabilidad tienen una mayor exposición. En consecuencia, hay que plantear una acción colectiva que supere las ideologías políticas y los Gobiernos del momento, ya que se trata de una cuestión absolutamente prioritaria, para toda la ciudadanía, tal como estamos comprobando en las consecuencias de la DANA.

Es necesario fomentar en los ciudadanos una cultura de la prevención civil, que propicie la seguridad y la autoprotección, así como la colaboración público-privada que permita abordar con éxito la reducción del riesgo de desastres en el actual marco de Sendai 2015-2030 y en el 1º Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres H2035.

Por último, es necesario reconocer las ventajas y oportunidades que brinda la colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos, entre los que destaca el ahorro económico, la posibilidad de mejorar las prestaciones que reciben los ciudadanos sin necesidad de incrementar el endeudamiento público, la determinación más precisa de los precios finales de diferentes servicios o la mejora en los aspectos organizacionales o laborales.