No son pocas las personas que padecen el abuso de poder por parte del Departamento de Salud Mental y que, por ende, se encuentran ante la situación de tener que enfrentar un ingreso psiquiátrico involuntario desconociendo sus derechos. Siendo esta una realidad que he divisado durante años, queda más que claro que se está normalizando una violación de reconocimiento a los derechos humanos y libertades fundamentales. Tengo que dejar claro que un ingreso involuntario no es lo mismo que un procedimiento judicial de medidas de apoyo. Dicho esto, me parece imprescindible que a día de hoy se sepan dichos derechos que tenemos como personas, aunque no se nos notifiquen ni cumplan, para que no se de un robo de identidad. Por un lado, un ingreso involuntario requiere de una autorización judicial y un juzgado tiene un plazo de 72 horas para ratificar o no esa medida (independientemente de que sea en casos de urgencia). No solo eso, se tiene derecho a un abogado de oficio. El auto es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días hábiles. Si cualquiera de los puntos mencionados no se cumplen el ingreso sería nulo. Además, en caso de que una persona sea ingresada y reciba contención física o química se debe justificar el porqué. Por todo lo mencionado previamente, deberíamos concienciar y dotar de conocimiento a la sociedad, para que desde la consciencia no nos encontremos ante una situación de vulneración sobre lo que la ley dicta.
