Punto uno: acabo de observar, con más tristeza que sorpresa, que la distribución de alumnos inmigrantes y discapacitados entre la enseñanza pública y la enseñanza concertada no ha mejorado prácticamente nada (o nada) en los últimos años, a pesar de que algunos miembros de la Administración aseguran estar esforzándose en ello (y yo les creo). Punto dos: también he observado que algunas familias que optan por la enseñanza concertada, matriculan a sus hijos discapacitados en la pública porque de algún modo se les hace creer que en la concertada no van a estar suficientemente bien atendidos, lo cual es falso (o debería serlo). Y punto tres: he observado además que mucha gente de mi entorno próximo todavía desconoce (o no tiene del todo claro) que los sueldos del profesorado de la enseñanza concertada se pagan con dinero publico (y no solo los sueldos). Bien, el hecho de que los centros concertados seleccionen tanto el perfil de su profesorado como el de la extracción social de su alumnado conforme a criterios reservados (más o menos inconfesables), genera una homogeneización artificial a mi entender mezquina y moralmente empobrecedora. Es un grave error: deberían saberlo. La verdadera riqueza de toda educación se funda en el conocimiento de la diferencia y en la aceptación del otro. Los gestores de la enseñanza concertada deberían reconocer y asumir los valores de la inclusión e intentar corregir ese error garrafal y pertinaz. Pero para ello, deberían antes ser conscientes de que al negar a su alumnado la riqueza de la diversidad y la integración social están privándole de una experiencia y de una capacidad de empatía elemental para estos tiempos y los que vienen. La pluralidad social no es la de hace treinta años: no hay más que salir a la calle, entrar en una escuela pública o subirse a una villavesa para verlo. A no ser, claro, que se prefiera no ver.