Ander y Begoña (nombres simulados) llevaban más de un año cocinando, durmiendo y cobijándose en una vivienda que hallaron vacía en la calle Huarte de la Txantrea. Tienen entre 20 y 30 años, y un trabajo “muy en precario” que les impedía emanciparse. “La vivienda no es una mercancía, es un derecho, y la ocupación es una manera de ejercitar ese derecho”, denunciaron al cambiar la cerraja. En noviembre de 2104 les esperaba en el portal la Policía foral para comunicarles que la ocupación era ilegal. Hoy -agotada la vía administrativa- ya tienen fecha para el desalojo. No son los únicos okupas que tiene el barrio en su fichaje de pisos sin gente del Gobierno, ayuntamiento o bancos. El movimiento juvenil creado entorno a la plataforma Txantrea Libre de Desahucios trabaja por una vivienda digna y alquileres sociales. Los de la PAH de Sanduzelai fueron los primeros (noviembre de 2013) en asaltar otras dos viviendas del Ejecutivo para familias en situación de urgencia social. De las más de 170 viviendas vacías que dispone el Gobierno foral apenas 30 están en manos del llamado Fondo Foral de Vivienda Social (diciembre de 2014) incluyendo las que le cedió el Ayuntamiento de Pamplona que terminaron en manos de la fundación Santa Lucía (tiene 19). Es decir, 30 viviendas enfrentadas a 30.000 personas en pobreza severa. Más allá de legalidades y de la necesidad de priorizar la emergencia habitacional, los ejemplos de Txantrea y San Jorge demuestran que las administraciones llegan tarde. Habrá quien en esta campaña electoral niegue que existan en Navarra desahucios y problemas de hacinamiento a pesar de los datos; habrá quienes acusen a todo el movimiento okupa de anarquía antisistema infundada o abertzale; habrá quien se haga la foto con las diferentes plataformas Stop Desahucios aplaudiendo cualquier pancarta sin llegar a conocer ni un sólo caso... Ojalá haya programas que apuesten de una manera seria por resolver el que es un verdadero drama para muchas familias. Lo importante es no despegarse de la realidad.
