el Parlamento de Navarra ha tramitado con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E una nueva ley foral para regular el reconocimiento y reparación a las víctimas de actos de motivación política provocados por la extrema derecha o funcionarios públicos. Se trata de solventar el vacío legal en que quedaron estas víctimas navarras de diferentes violencias -desde la guerra sucia del Estado, la violencia policial y las torturas o el terrorismo ultra-, después de que el Tribunal Constitucional anulara, tras un recurso del Gobierno del PP, la anterior normativa navarra aprobada en 2015. La nueva proposición de ley, como el texto anterior, pretende la equiparación de todas las víctimas de las violencias que han asolado esta tierra a partir del año 1960 y pretende poner fin a una injusticia política e institucional en el trato de las personas y familias que han sufrido el terrorismo, la persecución, las torturas y los malos tratos más allá del terrorismo de ETA. En este sentido, complementa a la Ley de Víctimas aprobada en 2010. Y precisamente ése es su objetivo principal: el reconocimiento, atención y justicia hacia aquellas personas que han sido objeto de la persecución o las violencias terroristas. Es evidente que el terrorismo de ETA acumula la mayor parte de las víctimas, pero no citar también el terrorismo derechista, la guerra sucia impulsada desde los aparatos del Estado, los GAL, las desapariciones o los casos de tortura y malos tratos condenados en los tribunales españoles y europeos -solo en Navarra hay en marcha una iniciativa con más de 1.000 reclamaciones-, supone un absurdo intento de discriminación de esa realidad y de obviar una parte del sufrimiento humano generado por las diferentes violencias. No puede haber ni admitirse en una sociedad democrática avanzada más aún en el caso de Navarra, donde hay todavía miles de víctimas del genocidio franquista desaparecidas en cunetas sin reconocimiento ni reparación víctimas de primera o de segunda, ni menos aún una división de las víctimas por intereses partidistas. Es necesaria su asunción institucional, porque el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la memoria alcanza a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. La ley es necesaria si lo que se pretende es construir una sociedad desde valores democráticos, en la que estén garantizadas la libertad individual y las libertades colectivas y en la que marquen el futuro conceptos como justicia, memoria, reconocimiento y reparación de todas las víctimas y de todo el sufrimiento.