el fallo de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que confirma la sentencia que descartó el delito de terrorismo en el caso Alsasua, pero ratifica las condenas impuestas entonces a 13 años de cárcel -sólo a uno de los ocho jóvenes le rebaja la pena de 10 a seis años-, es otro ejemplo de cómo los altos tribunales se limitan a apañar tipos penales que puedan sostener montajes judiciales, políticos, policiales y mediáticos como éste cuando las pruebas no son capaces de sostener las acusaciones. Este caso está contaminado desde su inicio por la intoxicación informativa, la manipulación política y la desproporción judicial. Y sigue así. Se distorsionaron los hechos para sostener una falsa acusación de terrorismo contra varios jóvenes, pero si no hay delito de terrorismo -una trifulca en un bar de Alsasua de madrugada entre jóvenes de la localidad y dos agentes de la Guardia Civil-, y la acusación penal de la jueza Lamela en la instrucción de la Audiencia Nacional no sólo era desproporcionada -banalizaba de forma indigna lo que fue realmente la violencia terrorista-, sino que tampoco estaba justificada en las pruebas, nunca hubieran debido ser derivados a un tribunal excepcional como la Audiencia Nacional, sino que debieron ser juzgados, como defendió la Audiencia de Navarra, en su ámbito natural y ordinario. Que para tratar de encubrir ese montaje se haya tenido que recurrir al subterfugio de buscar un tipo penal que pueda dar cobertura al despropósito echando mano del agravante de “discriminación ideológica” para argumentar que la pelea se produjo por la condición de miembros de la Guardia Civil no es sino una burda excusa de una justicia parcial y sin garantías. Que además esa argumentación penal se justifique comparando los hechos de Alsasua con el asesinato del ciudadano de Pamplona Ángel Berrueta a manos de una policía nacional y de su hijo por negarse a colocar un cartel en su panadería acusando a ETA de la masacre yihadista del 11-M de 2004 en Madrid, es de una vergüenza insuperable. Fueron 15 y 10 años por aquel asesinato y son 13 por esta pelea de bar en la que en el juicio ni siquiera se pudieron probar las agresiones ni la participación de los acusados. Es otro ejemplo del deterioro de los altos tribunales, dominados por la afinidad ideológica, el amiguismo corporativo y el nepotismo familiar, y de la pérdida de valor de una justicia democrática y garantista sustituida por una justicia del escarmiento y la venganza. Pero no se trata de rendirse, sino de seguir buscando justicia.