El bloqueo desde hace cinco años y medio a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es motivo de descrédito político y de desgaste del Poder Judicial. El anuncio de Pedro Sánchez de intervenir sobre la potestad del CGPJ de nombrar cargos en las máximas instancias judiciales, en caso de no avenirse el PP a un acuerdo este mes, tampoco acerca una solución. De hecho, el mensaje del presidente del Gobierno intruduce la incertidumbre de dónde quedaría residenciada esa potestad, con la cuestionable legitimidad de residenciarla en un órgano diferente. No acerca tampoco al final del bloqueo. El indignante secuestro al que se ve sometido el CGPJ por interés partidista del PP no ha experimentado cambio con Núñez-Feijóo. La instrumentalización del órgano resulta de una irresponsabilidad inusitada y retrata al líder de la oposición en un estrategia de tierra quemada en pos del poder a costa del deterioro de la administración de Justicia y de la imagen que proyecta a la ciudadanía. Su politización tiene difícil marcha atrás pero revertirla es un imperioso condicionante de su propia fiabilidad como garante del Estado de Derecho. Como poder independiente, la situación apela también a sus miembros y estructuras profesionales, que no han sido especialmente eficaces a la hora de incidir en un cambio de clima. Subyacen aparentemente dos intereses cruzados que enredan aún más la posible solución. En primer lugar, está el hecho de que el Judicial es un poder que, en democracia, precisa independencia plena del Ejecutivo. Pero no se ha resuelto que una plena autogestión corporativa, sin conexión con los mecanismos de control democrático de instituciones legitimadas regularmente –el Legislativo– por sufragio universal, la garantice. Más tras la reiterada identificación explícita de miembros de la carrera con la práctica política y el alineamiento ideológico que representan los partidos. En segundo lugar, la negativa del PP a la renovación, además de un modo espurio de hacer oposición al resultado de las urnas, está glosada de evidentes intereses partidistas de quienes han hecho alarde de su conexión y capacidad de influencia en la orientación de decisiones judiciales. La Judicatura se ve salpicada por esa estrategia política, debilitando la imagen de la Justicia, que debería preservarse por encima de otra consideración.