miles de pensionistas llegados de todo el Estado, muchos de ellos andando en columnas desde el norte y desde el sur -también desde Navarra y la CAV-, rodearon ayer el Congreso de los Diputados tras saltarse los cordones policiales para exigir recuperar un modelo de pensiones públicas justo y eliminar las cortapisas impuestas desde la última reforma del PP-UPN. “Gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden”, era le lema principal de asociaciones de jubilados y movimientos de pensionistas que exigen que la pensión mínima llegue a los 1.080 euros o que se iguale con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No es una cuestión menor. El alargamiento de la esperanza de vida no está acompañado siempre de calidad en ese final de la vida: enfermedades, abandono, escasez de recursos, soledad..., con el consiguiente coste personal, físico, anímico y económico. Es otra de las realidades dramáticas del sistema actual: la incapacidad de garantizar una atención mínima digna a las personas mayores, muchas de ellas además dependientes, describe cada día, en muchas personas con nombres y apellidos, en muchas familias, el fracaso de nuestro sistema, la perversión de un modelo excluyente que te expulsa a la nada si no tienes recursos. La movilización rebelde de los mayores debiera implicar también a los futuros jubilados y más aún a las nuevas generaciones. Un futuro más humano, más solidario y más justo está de nuevo en juego. El mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones -Navarra aprobó la pasada Legislatura la equiparación de las pensiones más bajas al SMI, un pequeño paso más en ese objetivo- y la garantía del sistema público son reivindicaciones justas que también se hacen en el nombre de quienes aún estamos lejos de alcanzar esa otra orilla donde habita la jubilación. Otra movilización pacífica y reivindicativa tan importante como las de Catalunya para defender un sistema democrático justo y solidario.
