a consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ofreció el pasado lunes un balance de la mortandad de la covid-19 entre las personas mayores que viven en residencias: han fallecido 260 personas con la presencia del coronavirus confirmada y otras 163 han muerto con síntomas compatibles, pero sin saber si fue la causa real del fallecimiento. Son muchas personas. Un porcentaje alto del total de navarros y navarras fallecidos con causa o vinculación con la covid-19. La consejera Maeztu acompañó los fríos datos estadísticos de razones objetivas que pueden explicar esa mortandad. Es cierto que 37 de las 71 residencias para personas mayores de Navarra no han tenido casos de la covid-19, que la enfermedad afectó con mayor fuerza a personas de mayor edad con patologías determinadas previas en muchos casos derivadas de la edad y que los fallecimientos y afectados han tenido mayor incidencia en aquellos centros ubicados en zonas de Navarra donde la extensión del virus también ha sido mayor. Seguramente será así objetivamente. Pero falta, creo, también una parte de autocrítica. El porcentaje en cualquier caso, se sumen solos los casos confirmados o todos los que han podido tener la covid-19, es muy alto sobre el total de hombres y mujeres fallecidos en Navarra. Seguramente, hay otras causas también objetivas que puedan argumentar ese alto coste humano en las residencias de mayores. Y el Gobierno de Navarra y Derechos Sociales deben ser claros y honestos al evaluarlas y ponerlas en valor para tratar de buscar soluciones a los déficits que ha mostrado el sistema de atención a las personas mayores. No todo se ha hecho tan bien como se pretende aparentar ahora. La irrupción de la covid-19 no es una excusa. Solo puso en evidencia deficiencias previas en el modelo. También en Navarra. Es importante profundizar e impulsar desde las instituciones públicas un modelo de residencias para mayores que tienda a ser "lo más parecido a un hogar", como anunció la propia Maeztu. Se supone que aumentando su seguridad, el control y la inspección y la atención sanitaria y también el confort y el bienestar de los mayores residentes. Eso implica y obliga también a las empresas que gestionan esas residencias, a las necesidades humanas y a las condiciones laborales. Por último, un dato que quizá pasó desapercibido, pero durante estos meses de pandemia sanitaria y pese a la situación en muchas residencias sólo 10 personas residentes en estos centros -son 5.835 en total-, fueron llevadas de vuelta a casa por sus familiares. Da que pensar también.
