El Pazo de Meirás ya es del Estado. La resolución del Tribunal Supremo llega siete años después de que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, reclamara la propiedad del emblemático edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, y que Francisco Franco se atribuyó en 1938.
La esperada sentencia es una buena noticia, ya que obliga a la familia del dictador a la devolución definitiva del inmueble y de su enorme finca. Sin embargo, el fallo reconoce el derecho de sus herederos a recibir una indemnización de al menos 800.000 euros por los gastos de conservación del inmueble y las obras de rehabilitación.
Una cifra que es poco menos que una ofensa. Máxime si tenemos en cuenta que jamás han pagado el alquiler por el disfrute de una propiedad que no les pertenecía y que la familia de Franco acumuló una fortuna, estimada en una horquilla de entre 400 y 600 millones de euros, gracias a un entramado corrupto puesto en marcha ya en plena Guerra Civil.
Está demostrado que el general golpista revendió 600 toneladas de café donado por Brasil a España en 1939 y que desde entonces recibió comisiones, regalos y gratificaciones hasta hacerse con una riqueza robada. Riqueza de la que disfrutan hoy sus herederos mediante una red con decenas de sociedades, parkings y otros inmuebles que les convierten en acaudalados rentistas sin pegar un palo al agua.