Faltaría más. El Gobierno de Navarra ha reconocido que “no activó el nivel de pre-emergencia ante las alertas” de riesgo severo de incendios. Activó directamente el nivel 2. Parte del territorio foral estaba en llamas. Declaración del consejero de Interior y portavoz, Javier Remírez. Del inicial brote de sinceridad, a marear la perdiz tecnocrática. Difícil disimular con tantos testigos. Su cara tendría que haber aparecido tan roja como la alerta de AEMET que se ignoró, al igual que otros informes profesionales. Color rojo de alarma grave, rubor rojo de vergüenza. Aunque no exista en la paleta de colores de los políticos profesionales. Pésima gestión de una emergencia anunciada. ¿El reconocimiento conlleva dimisiones o ceses? ¿Algún “quemado” en la estructura política o funcionarial? No serán sus socios de gobierno los que aprieten. La complicidad cohesiona. Más de 10.000 hectáreas abrasadas, una decena de pueblos evacuados, centenares de vecinos desalojados. Daños materiales en naturaleza, bienes y economía. Y daños psicológicos. El Gobierno foral no reaccionó a tiempo. La factura de la desidia sale cara. Despliegue histórico de guardas forestales, bomberos profesionales propios y de otras Comunidades, brigadas de la Unidad Militar de Emergencias, medios aéreos de la Comunidad y del Estado, agricultores y vecinos voluntarios. Esfuerzo colectivo contra llamas voraces dispersas por la geografía. Sequía pertinaz, constatada; ola de calor y tormentas eléctricas, anunciadas; la gestión forestal ordinaria, mejorable; los medios propios de control y acción, cortos y estacionales. Con esa realidad hay que ser más sensibles a la prevención. El cambio climático es una evidencia. Por ciclos naturales o por la mano del hombre, depredador del planeta. O por ambas cosas. La despoblación rural y sus consecuencias, otro factor. El campo arde ahora con mayor facilidad. Se sabe. Se ignora. Confluencia de factores. Uno de ellos, la incompetencia