El ozono 'malo' que afecta a Navarra

08.07.2020 | 00:53

el Tribunal Supremo, en una sentencia histórica, obliga a las comunidades autónomas, entre ellas Navarra, a aprobar sus propios planes para mejorar la calidad del aire y recudir el nivel de ozono de las ciudades, al margen de los futuros programas contra la contaminación realizados por el Estado.

"La obligación de elaboración de los planes y programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica que corresponde a las comunidades autónomas no está vinculada a la previa elaboración por el Estado de los planes respectivos, que le competen en la materia", recalca la sentencia emitida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

De esta forma, se acabó la excusa que durante años han puesto los gobiernos autonómicos para tomarse en serio la puesta en marcha de planes de calidad del aire para reducir el ozono troposférico (O3). Esta sentencia inédita en el Estado español obliga a las comunidades autónomas a aprobar planes para hacer frente a este contaminante, el llamado ozono "malo" u ozono troposférico (O3), por diferenciarlo del de la estratosfera, que protege al planeta. El ozono troposférico (O3) es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar. En la práctica, el fallo obliga a las doce comunidades autónomas, entre ellas, la navarra, en las que se han rebasado los niveles legales de calidad del aire relativos al O3 a elaborar planes para reducir este gas en su territorio.

La sentencia, que resuelve definitivamente una demanda interpuesta por Ecologistas en Acción de Castilla y León ante la negativa de este ejecutivo autonómico para elaborar planes de calidad del aire relativos al 03 por la ausencia de un plan nacional específico, señala "la obligación de elaboración de los planes y programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica que corresponde a las comunidades autónomas y que no está vinculada a la previa elaboración por el Estado de los Planes respectivos".

Pero, lejos de ser un problema en esa comunidad, esta situación se da en otras doce comunidades autónomas donde se han superado los límites legales sobre calidad del aire desde 2010: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco. La población afectada supone más de la mitad del total del Estado español: 30 millones de personas en una superficie de 380.000 kilómetros cuadrados.

El Supremo señala además la existencia desde hace una década de altos valores de O3 no solo en la práctica totalidad del territorio de Castilla y León, sino también del Estado y del sur de Europa. Desde Ecologistas en Acción se hace hincapié en la importancia del dictamen del Supremo ya que "es la primera vez que el Alto Tribunal español declara la obligación legal de elaborar planes autonómicos de calidad del aire para el ozono troposférico, sobre la base del derecho nacional, siendo coherente así con las resoluciones adoptadas en los últimos años por tribunales de Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Polonia o Reino Unido en el mismo sentido, sobre otros contaminantes".

Además de la demanda en las comunidades de Castilla y León, Cataluña, Madrid y Navarra, Ecologistas en Acción ha presentado demandas judiciales en el mismo sentido, acciones que se extenderán en las próximas semanas a los Tribunales Superiores de Justicia del resto de las comunidades afectadas.

Según asegura Xavier Querol, investigador del CSIC y una de las personas más eminentes en materia de contaminación del aire, "la mayor parte del territorio europeo tienen problemas de contaminación por el ozono". Para este experto el ozono "presenta unos claros efectos sobre la morbilidad y mortalidad de la población".

Otra cuestión que hay que decir en relación con el Ozono (O3), es que no entiende de fronteras. Es un gas que viaja kilómetros arrastrado por el viento y dispara las mediciones en zonas alejadas de donde se originó. La revista Environmental Science and Pollution Research publicó un trabajo que lo ejemplifica: los investigadores comprobaron que el ozono del norte de Portugal viaja hasta Galicia. Por su parte, la Agencia Europea del Medio Ambiente asegura en su informe sobre calidad del aire de 2018 que la discrepancia entre la caída de las emisiones de gases precursores del ozono y las concentraciones medias de este gas en Europa tiene que ver con el transporte intercontinental de O3 en el hemisferio norte, que podrían "enmascarar" el efecto de las medidas europeas para reducir emisiones.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en el Estado español se producen entre 1.500 y 1.800 las muertes prematuras al año por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de la península Ibérica. El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, daña los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.

En resumen, estamos ante un tipo de contaminante al que hasta la fecha no se le ha dado la importancia debida, al menos por algunas instituciones, a pesar de ser el más extendido y el tercero más perjudicial para la salud, por detrás de las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno. En este sentido, por parte de los ecologistas siempre se ha considerado fundamental la elaboración de planes de mejora de calidad del aire contra el ozono en las comunidades autónomas, y que por fin el Tribunal Supremo les ha dado la razón.

El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente

Se acabó la excusa que durante años han puesto los gobiernos autonómicos para tomarse en serio la puesta en marcha de planes de calidad del aire para reducir el ozono troposférico (O3)

 

Estamos ante un tipo de contaminante al que hasta la fecha no se le ha dado la importancia debida, al menos por algunas instituciones, a pesar de ser el más extendido y el tercero más perjudicial para la salud

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